Retraso en tramitación de "ley Sename"

Residencia Familiar en Providencia. Foto: Sename.


El 30 de abril de 2018, casi un año y medio atrás, se firmó el Acuerdo Nacional por la Infancia. Mediante éste, legisladores de gobierno y de oposición, así como especialistas y representantes de la sociedad civil, se comprometieron y suscribieron 94 medidas de consenso para avanzar en la protección de los niños del país, especialmente aquellos que han sufrido vulneraciones que requieren de un tratamiento especializado para poder ser superadas. Todo esto, en el marco de las críticas a la labor del Estado en lo relativo al cuidado de los niños a su cargo y del escándalo por muertes y maltratos en el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Las medidas acordadas se agruparon en tres grandes áreas: la protección universal de la niñez, la prevención de las vulneraciones, y la atención destinada a restituir los derechos de quienes ya han sido víctimas. En ese contexto, se acordó dar urgencia a los proyectos de ley que separan al Sename -medida N° 38 del Acuerdo Nacional-, para así dar origen al Servicio de Protección Especializada (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia) y al Servicio Nacional de Reinserción Juvenil (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Éste constituiría un primer paso fundamental para cumplir con la necesaria distinción y especialización de la labor del Estado en lo relativo a la atención de los niños que han sufrido vulneraciones y, por otro lado, de aquellos que han infringido la ley.

Lamentablemente, el avance desde entonces ha sido lento. El proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada fue ingresado en agosto de 2018 al Congreso con urgencia suma y tras pasar cinco meses por la Cámara de Diputados, su discusión se ha dilatado más de lo esperado en el Senado. La iniciativa pasó en marzo del presente año a la comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes, donde se encuentra desde hace más de seis meses, y todavía no se terminan de votar siquiera sus primeros artículos. Adicionalmente, un grupo de senadores presentó una serie de indicaciones que, de aprobarse, podrían afectar negativamente la especialización que este organismo, por su naturaleza, requiere. Esto dificultaría el cumplimiento de los objetivos originales del Servicio de Protección Especializada, que buscan superar las deficiencias del fallido Sename.

Si bien es necesario que nuestro país se comprometa con el cuidado de la infancia desde una perspectiva preventiva e integral, ello se está haciendo en paralelo a través de otros instrumentos e instituciones. El nuevo Servicio de Protección Especializada, en cambio, necesita acotarse a lo que es la atención y restitución de derechos de aquellos niños y adolescentes que han sufrido vulneraciones. Considerando la relevancia de esta materia y a la luz de recientes noticias que siguen mostrando las insuficientes condiciones con que se atiende a estos niños, queda de manifiesto que su aprobación y promulgación no pueden seguir esperando.

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