Revisión de gratuidad en el TC

En sectores del oficialismo se ha hecho ver la molestia ante la posibilidad de que la Presidenta de la República no alcance a promulgar dos proyectos emblemáticos de su administración: la gratuidad en educación superior y universidades estatales. Esto, debido a que ambas iniciativas aún están a la espera de pasar por el control preventivo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional (TC). En ese sentido, la propia ministra de Educación afirmó que "no hay razones para que el TC impugne la Ley de Educación Superior", en particular porque ésta fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

Aun cuando puede ser entendible que para la Nueva Mayoría sea altamente simbólico que estos proyectos queden íntegramente rubricados bajo esta administración, no corresponde que bajo ese pretexto se busque presionar al Tribunal Constitucional, un organismo autónomo cuya misión es precisamente salvaguardar la supremacía constitucional.

Para que la institucionalidad funcione de manera correcta, el TC debe cumplir su función sin interferencias y de acuerdo con los plazos establecidos en su propia ley orgánica, los que están plenamente vigentes, en particular considerando que durante este mes el tribunal no sesiona. En ese sentido, lo que más debe importar a las autoridades de gobierno es que los proyectos de ley no entren en conflicto con disposiciones constitucionales, materia que desde luego no guarda relación con el respaldo que hayan obtenido en la votación legislativa.