Jorge Burgos

Jorge Burgos

Abogado

Opinión

El riesgo de la demagogia punitiva

El ministro Chadwick se reunió ayer con el Alto Mando de Carabineros.

Parto esta columna manifestando mi convicción de que no tiene justificación ni la petición de renuncia, ni una acusación constitucional en contra del ministro de Interior, Andrés Chadwick. Lo primero, porque, más allá de la facultad exclusiva del Presidente de otorgar o quitar confianza a sus secretarios de estado, y del legítimo derecho que poseen quienes piden la renuncia, no parecen haber buenas razones para que ello ocurra.

Por cierto que las consecuencias políticas de los hechos que terminaron con la vida del joven comunero mapuche, investigados como homicidio por decisión de la Justicia, han significado consecuencias gravísimas y en desarrollo. Sin embargo, me parece que el ministro, hoy en tela de juicio, ha actuado con honestidad, particularmente frente a las mentiras que funcionarios policiales argumentaron para esconder los hechos reales. Una mala respuesta, a propósito de una declaración como testigo ante un fiscal, no es causal justificante para defenestrar. Menos si aquel ha representado vocación de diálogo y búsqueda de acuerdos.

Tampoco comparto la existencia de causal que justifique la presentación de una acusación constitucional. Bien han hecho los exclusivos titulares de esa acción en darse un cuarto intermedio destinado a pedir opinión jurídica, a lo que denominan un “conjunto de los más destacados juristas“; si son tan destacados, difícilmente podrán concluir la procedencia de la acusación.

Dicho todo lo anterior, me aboco al tema del título de esta columna. La demagogia punitiva es, a mi juicio, el ofrecimiento, en tiempos de campaña o cuando se está al lado del mostrador que corresponde a la oposición, de soluciones fáciles, simples, para problemas complejos. Éstas, por lo demás, caen en tierra fértil a la hora de buscar adhesiones políticas; muchos, agobiados con situaciones de inseguridad, prestan oídos, y luego vienen las decepciones. En el acuciante problema que tenemos como Estado en la macrozona de La Araucanía, debe estar lo más lejos posible de todo populismo punitivo.

Sostener, cuando se está en la oposición, que si llegas al poder se acabará la mano blanda, invocarás tupido y parejo la ley antiterrorista, y no te temblará la mano para declarar estados de excepción, no sirve de nada; no solo porque no lo cumples, sino porque produce profunda decepción en los que te creyeron.

Solo la persistencia seria de políticas públicas que den seguridad, que disminuyan los altos grados de impunidad, constituyen el derrotero posible. Por cierto que, paralelamente a ello, es indispensable crear las condiciones para un diálogo que dé cuenta de soluciones factibles en el tiempo, y permitan construir un sentido de pertenencia común hoy puesto en duda.

La tarea no es simple, pues nadie de los que hemos sido gobierno en estas últimas décadas está en condiciones de dar lecciones absolutas; estamos más bien al debe que al haber, más razón para escuchar, para proponer y descartar imponer. Hoy, desde la oposición, no repitamos lo que hicieron los opositores de ayer; salgamos de ese círculo por cierto no virtuoso.

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