Riesgosa anticipación del salario mínimo

Según lo acordado en septiembre de 2018, si la economía crecía menos de 4% en 2019, como fue el caso, habría un reajuste del salario mínimo de 2,5% por sobre la inflación acumulada en marzo de 2020. Con inflación acumulada de 3,5%, el guarismo final de ajuste será de 6%. Dadas las condiciones en que se encuentra el mercado laboral y la economía en general, este ajuste en el salario mínimo es hoy motivo de preocupación.

Efectivamente, una lección básica en economía es la referida al efecto de imponer un salario mínimo por sobre los valores que permitirían el pleno empleo de los trabajadores con menor productividad: salvo que existan condiciones monopsónicas (un solo empleador potencial), un salario mínimo por sobre el nivel que determina pleno empleo dejará trabajadores cesantes o desviados a la informalidad, donde se desempeñarán como trabajadores por cuenta propia en condiciones de remuneraciones menores y mayor precariedad.

Este riesgo es particularmente significativo en la actualidad, cuando más allá de un clima general de incertidumbre, múltiples elementos se han conjugado desde años recientes para generar una situación compleja en el mercado laboral. Un primer elemento, básico, es el decaimiento sostenido en la inversión en nuestra economía, que limita el espacio de contratación productiva, salvo a remuneraciones menores. Luego, está el efecto de la inmigración, que habiendo sido en grandes números y extremadamente concentrada en pocos años, ha puesto exigencias adicionales sobre el mercado laboral para absorber este contingente adicional de personas interesadas en trabajar. A esto debe agregarse el efecto de las reformas a la negociación colectiva, en la anterior administración, cuyo efecto es desincentivar la contratación formal y estimular el cuentapropismo, en magnitudes que no han sido identificadas con claridad.

A todo lo anterior se agregan los efectos posibles de anticipar de la reforma previsional, que está considerando establecer cotizaciones que operarán como un impuesto al no estar asociadas a mayor acumulación de recursos en las cuentas individuales de los trabajadores, y las consecuencias de la disminución en la jornada laboral, que incrementará el costo por hora de los servicios laborales.

Todo apunta a que se vaya a exacerbar lo que ya ha sido calificado por la OCDE como un alto nivel de informalidad en el mercado laboral chileno, con aproximadamente 30% de quienes participan en la fuerza de trabajo haciéndolo informalmente.

Queda en duda la conveniencia de anticipar para varios años los ajustes en variables tan sensibles como el salario mínimo. Salvo una parametrización muy detallada y la consideración de muchas más alternativas, los compromisos que se adoptan pueden resultar onerosos, cuando el desempeño de la economía es inferior a lo proyectado. Las ventajas de evitar engorrosas negociaciones políticas anuales deben ser ponderadas junto a los costos de agravar desequilibrios en escenarios más negativos que los anticipados.