El rol de la educación particular pagada

colegios admisión

Foto referencial


La OCDE ha señalado que la reforma educativa del gobierno anterior "contribuirá a mejorar la movilidad social y los resultados en materia de competencias para todos", recomendando seguir "desalentando las prácticas escolares que frenan la igualdad de oportunidades educativas en base a los antecedentes socioeconómicos, género, etnia o inmigración". La discusión para impulsar dicha reforma se centró en la educación pública y la particular subvencionada, quedando relegado discutir el rol que le correspondería a aquella que, en los hechos, está reservada a la élite, y que constituye un dispositivo estructural de desigualdad. Este debate ha sido abierto mediante la denominada "Ley Machucha".

En este asunto resulta ineludible considerar la configuración de la educación según lo dispuesto por la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En síntesis, el principio subyacente es que la libertad de enseñanza tiene una extensión mayor cuando se trata de la educación informal o no formal, pero tratándose de la formal, se encuentra modulada y finalizada por el derecho a la educación. Esto es así, puesto que hay ciertos conocimientos, competencias y habilidades que deben ser desarrolladas en los niños para que puedan, una vez siendo adultos, devenir en personas y ciudadanos capaces de auto-determinar sus proyectos de vida y participar en los asuntos públicos. El sostén y proyección de la comunidad política depende de aquello.

Por esto, la Constitución reserva la provisión de esa educación al Estado o a los entes privados autorizados por él, a través del denominado "reconocimiento oficial", que impone un conjunto de exigencias para el funcionamiento de todo establecimiento que pretenda proveer educación formal, incluyendo a los particulares pagados.

Así, resultaría no solo legítimo, sino también una exigencia, implementar medidas destinadas a que la educación efectivamente cumpla sus fines en aquellos colegios.

Y existen buenas razones para creer que la exigencia de una cuota de estudiantes pertenecientes a los primeros deciles apuntaría en esa dirección, pues mejoraría la calidad de dichos colegios, enriquecería su formación ciudadana y democratizaría el acceso a la élite.

Actualmente, estos colegios pueden implementar mecanismos de selección para escoger a los mejores estudiantes interesados en ingresar, no imponiéndoseles incentivos para que sus comunidades educativas mejoren sus procesos educativos. La inclusión socioeconómica sería un incentivo en esa dirección. Una buena escuela permite que cualquier estudiante alcance los fines de la educación, y no la que solo permite acceder a aquellos que le aseguren ciertos resultados.

Además, se lograría acercar la realidad social a sus aulas, es decir, a la cotidianeidad, en un espacio de igualdad y mutuo reconocimiento, enriqueciendo la formación de quienes provienen de las familias más favorecidas. Esto exigirá la implementación de planes enfocados a hacer exitosa la inclusión. Así, el aula se acercaría a ese ideal de ser un reflejo de la polis, a la cual, una vez terminado el ciclo de educación formal, cada estudiante integrará.

Finalmente, también democratizaría el acceso a la élite. Actualmente, aquella se reproduce en pocos colegios y entre pocas familias, con lo cual el país desperdicia talentos que, de acceder a puestos de mayor responsabilidad, aportarían decisivamente al desarrollo del país.

Comenta

Imperdibles