Opinión

El rol de la oposición en la democracia


Tras la derrota electoral, la oposición ha tenido serias dificultades para reordenarse y articularse en torno a planteamientos constructivos de cara a las necesidades del país. Si bien algunos de sus líderes han mostrado mayor disposición para jugar un rol más provechoso para la nación, presentando propuestas valiosas al gobierno, ejerciendo un contrapeso efectivo en la discusión legislativa y colaborando con esta administración en los acuerdos nacionales a los que éste convocó, otros representantes y conglomerados opositores decidieron restarse de las mesas de trabajo. El argumento esgrimido fue que las políticas públicas debían discutirse en el Congreso, institución idónea para aquello. Sin embargo, al poco andar, diversos parlamentarios han manifestado su falta de disposición para debatir y dialogar desde ya sobre determinadas materias que eventualmente se incluirían en la modernización tributaria y laboral.

Por su parte, la ciudadanía ha sido testigo de cómo la oposición ha cuestionado reiteradamente los actos del gobierno o el de sus ministros. Si bien los mecanismos utilizados para ello están previstos en el ordenamiento jurídico, su uso reiterado y con escaso fundamento -que incluso ciertos sectores de la propia oposición han salido a cuestionar- dista mucho del fin jurídico previsto para ellos. Preciso es recordar que las acusaciones constitucionales no están concebidas como una herramienta para hacer presente que no se comparten los fundamentos de una cierta determinación o porque las políticas públicas adoptadas por una autoridad no cuentan con la conformidad de otro poder del Estado o de un grupo de éste. Se trata de un instrumento excepcional, cuyo uso debe ser reflexivo y ponderado, dada la gravedad y envergadura de la infracción y de sus consecuencias para el acusado. Trivializar su utilización le hace daño a la institucionalidad democrática, cuestión que, hoy por hoy, algunos parecen pasar por alto.

A lo anterior ha venido a sumarse, en los últimos días, una oposición unida en torno a exigir la salida de sus cargos de determinados ministros o subsecretarios de Estado, condicionando para la consecución de tal fin su participación en los acuerdos nacionales que abordan materias de gran relevancia para el país, o manifestando una total falta de disposición a recibir a ciertas autoridades en el Congreso Nacional.

Más allá de los legítimos cuestionamientos que pueda plantear la oposición, la utilización sin mayor cautela de las acusaciones constitucionales, las sucesivas interpelaciones, el bloqueo de determinadas autoridades del gobierno en el Congreso y, eventualmente, de su agenda legislativa -además de la amplificación de todo tipo de escándalos- constituye un camino errado que no sopesa el daño a la democracia y sus instituciones, por más cómodo y conveniente que le resulta a la oposición haber encontrado en el obstruccionismo un factor de unión. Los partidos opositores debieran rearticularse para jugar un rol constructivo de contrapeso al gobierno, sin empeñarse en hacerlo fracasar si quiere volver a posicionarse ante la ciudadanía como una alternativa política seria.

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