El rol público del Instituto de Derechos Humanos

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La designación del nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha estado rodeada de una inusual polémica, pues además de que algunas voces acusan una "operación" fraguada entre el gobierno y la DC para colocar en la dirección a una persona de sensibilidad más conservadora, otras han denunciado que el perfil del nuevo director es incompatible con los estándares internacionales en derechos humanos, en particular por la postura crítica que Micco anteriormente había manifestado en relación con el aborto.

Sorprende el tenor de estas críticas, porque desde luego la elección del nuevo timonel fue fruto de la votación autónoma de sus consejeros -quienes representan distintas sensibilidades de la sociedad-, y es natural que en un organismo que además refleja distintas miradas políticas se puedan producir acuerdos de esta naturaleza. Pero en cambio resulta cuestionable que se haga valer la condición de católico y contrario al aborto del nuevo director como justificativo para reprochar su nombramiento, hecho que resulta insólito en el tiempo que lleva funcionando el instituto, y que denota una forma muy sesgada de entender la defensa de los derechos humanos, excluyendo una visión por el solo expediente de no coincidir con una postura "progresista".

El INDH es una entidad relativamente reciente, a la que le ha costado posicionarse como un referente indiscutible en materia de derechos humanos. En parte ello se debe a que al interior de la entidad prevalecieron miradas que instrumentalizaron su quehacer, polarizando su imagen ante la sociedad y sembrando confusión respecto de cuál debería ser el rol que está llamado a desempeñar. Es evidente, en todo caso, que más allá de cómo se entiendan las funciones del Instituto -una materia por lo demás siempre opinable-, no debería estar en cuestión que forma parte de su esencia favorecer una amplitud de miradas, sin caer en exclusiones antojadizas, en particular cuando se trata de un organismo público, financiado con recursos de todos los ciudadanos.

A pesar de su errático desempeño, en el último tiempo el INDH venía dando muestras de actuaciones sensatas y que efectivamente constituyen un aporte a la sociedad. Sus reportes sobre la deplorable situación carcelaria han ayudado a poner este debate en agenda; asimismo, su informe anual (2018) sobre la situación de los DD.HH. en Chile también relevó temas de importancia, como la situación de violencia a la mujer rural, listas de espera en el sector público o la importancia sobre la protección de datos personales.

En ese orden de cosas, el intento de volver a asociar al INDH con ciertas miradas excluyentes no contribuye a fortalecer esta institucionalidad, y desde luego supone una forma muy limitada de entender los DD.HH. Tampoco ayuda al prestigio de la institución algunas de sus recientes actuaciones en el campo de la inmigración, en particular en la forma como ha promovido solicitudes de refugio, extralimitándose en sus funciones. En la medida que el Instituto privilegie miradas menos ideologizadas, cumplirá mejor el rol público para el que fue diseñado.

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