SEÑOR DIRECTOR:
La aprobación de la Ley de Royalty Minero genera importantes oportunidades para el desarrollo descentralizado de nuestro país, una tramitación histórica que culmina con un total de 450 millones de dólares adicionales para gobiernos regionales y municipios. La mayor recaudación fiscal permitirá financiar proyectos de desarrollo y programas sociales, un gran avance en materia de equidad que sin embargo levanta un desafío para nuestro país: ¿cómo nos aseguramos que estos presupuestos contribuyan a la aceleración de las economías locales y la construcción de soluciones a los principales problemas de las comunidades de una manera descentralizada, justa y equitativa?
En este contexto, la inversión en innovación social es crucial, porque promover la colaboración entre empresas mineras, comunidades y expertos permite encontrar soluciones sostenibles a los desafíos emergentes, tanto aquellos que aparecen a partir de la ley, como aquellos que amenazan la sostenibilidad de la vida, como el cambio climático, la escasez o la migración. La innovación social, en este sentido, impulsa prácticas responsables, desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de capacidades locales, entre otras.
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Tenemos una tremenda oportunidad de fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado, para avanzar en una dirección de colaboración y responsabilidad mutua. A partir de la innovación social, estas comunidades pueden convertirse en centros nacionales de innovación, tecnología y desarrollo que puedan construir soluciones a los grandes desafíos de la industria promoviendo el bienestar de las comunidades y cuidando nuestro entorno de una forma consciente y siempre colaborativa.
Gabriela Carrasco
Cofundadora y directora de la plataforma 2811
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