Sacrilegio



Por Álvaro Ortúzar, abogado

Como es sabido, la señora presidenta del Senado dio a conocer que, en función de un proyecto que estima necesario, cometería el “sacrilegio” de vulnerar la Constitución para lograrlo, agregando que admitía que por tal acto fuese destituida del cargo. Esta amenaza no puede dejarnos indiferentes por su gravedad y consecuencias, especialmente en los tiempos excepcionales que vivimos, donde la autoridad es la primera que debe mostrar respeto por las normas vigentes.

El sacrilegio no solo consiste en la profanación de algo sagrado, sino también en el desacato y ello, en el caso de un senador o diputado, constituye un notable abandono de deberes y el propiciamiento de la alteración del orden jurídico institucional por medios distintos a los que establece la Constitución. La consecuencia inmediata de esto puede ser un proceso de destitución y una severa distracción de la obligación de atender las necesidades de la población. Una irresponsabilidad a sabiendas.

No puede estimarse como excusa el que estas expresiones las haya realizado dentro del Congreso y en Sala, pues la Constitución declara la inviolabilidad de los diputados y senadores solo por las opiniones que emiten y no por los actos antijurídicos que se proponen realizar.

No debe olvidarse, además, que el actual Parlamento tiene cerca de un 97% de rechazo y que carece de la confianza ciudadana. Una de las razones para ello es el desprecio de estas autoridades por las normas vigentes y una persistente concentración en la riña, la improvisación e incluso la ignorancia que emana de las leyes aprobadas, que deben ser permanentemente revisadas o modificadas. También debe destacarse que otros legisladores, sin llegar a anunciar un desacato, de hecho lo hacen al tramitar leyes abiertamente inconstitucionales como las relativas a los derechos de agua o a la renovación de permisos de pesca, por citar algunas.

Por otro lado, la declaración de la máxima autoridad del Senado es preocupante pues ella, bajo las circunstancias extraordinarias que prevé la Carta Fundamental, podría llegar a ser Presidenta de la República en caso de inhabilidad del Mandatario que ejerce el cargo.

También sus declaraciones son graves porque afectan la imagen de Chile en el exterior y generan tal incertidumbre jurídica que pueden tener efectos en la inversión y, por consiguiente, en el desarrollo y la creación de empleos. Quizás una de las consecuencias más delicadas de su actuación es pasar por sobre la voluntad ciudadana, que aprobó la Constitución y ha manifestado su aspiración de revisarla y mejorarla. Ello, por cierto, significa que hoy el deber es acatarla sin reparos.

Vemos en este episodio un muy mal ejemplo y un pésimo mensaje a los ciudadanos, quienes, así inducidos, podrían incurrir en la vulneración de sus deberes; aunque en este último caso se les aplican sanciones y no quedan impunes.

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