Señales claras en favor del orden público

La decisión del Presidente de la República -en virtud de sus atribuciones constitucionales- de convocar ayer al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) es acertada atendida la delicada situación por la que atraviesa el país, y cabe esperar que a partir de este encuentro existan directrices más claras en relación al orden público, que continúa gravemente afectado. Junto con ello, el Mandatario anunció una nueva agenda en materia de seguridad.

Aun cuando en su convocatoria el Mandatario hizo hincapié en que el propósito del encuentro busca dar soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía -lo que es correcto, considerando la escala de los desafíos-, parece evidente que al persistir un problema grave en la seguridad interna, ésta debe ser una prioridad del gobierno y también de los principales organismos del Estado. Las inaceptables escenas de saqueos, vandalismo y atentados a la propiedad pública y privada, aun cuando han disminuido en intensidad en relación a lo que fue en un comienzo del estallido social, siguen ocurriendo y en grados suficientes para provocar un clima de angustia y temor en la población, alterando gravemente las dinámicas de la sociedad así como las actividades productivas. Frente a las dificultades -por causas ajenas y propias- que hasta aquí ha encontrado la autoridad para restablecer el orden público, es justificado que se haya dado la señal de que el tema busca ser abordado al más alto nivel.

La convocatoria al Cosena -hecho de escasa ocurrencia- ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición, que acusan que con ello se atizan aún más los ánimos, al poner el énfasis en la seguridad y la "represión", en vez de acuerdos sociales y un nuevo proyecto constitucional. Pretender desentenderse de las graves implicancias que tiene la falta de orden público, una piedra angular del estado de derecho, supone una falta de responsabilidad frente al país y una escasa comprensión de lo que aquí está en juego. Las demandas sociales que se han expresado en las movilizaciones -y que han implicado un total cambio de agenda- requieren una atención preferente del gobierno y la oposición, pero para asegurar que dicho proceso fluya por los cauces institucionales y logre llegar a buen puerto es imperioso que el Estado sea capaz de asegurar algo tan básico como la seguridad para sus habitantes.

La política debe ahora jugar su rol y empeñarse en evitar que la violencia siga expandiéndose. En ese sentido, cabe un especial cuidado con seguir alentando indiscriminadamente movilizaciones que bajo una fachada "pacífica" pueden servir como combustible o aliento para el vandalismo; por ello es necesario distinguir entre quienes se movilizan en paz de aquellos que persiguen una abierta desestabilización.

El rol y autoridad de Carabineros, que infatigablemente ha cargado el peso del control del orden público, debe ser respaldado sin ambigüedades, sin perjuicio de que aquellas actuaciones aisladas que han estado fuera de la ley o que han violentado garantías fundamentales deben ser fuertemente rechazadas y sancionadas, algo que el propio gobierno y la dirección de Carabineros han comprometido.