Señales de amenazas a la libertad de prensa

Una dimensión que ha comenzado a formar parte de la actual campaña presidencial es la libertad de expresión, en particular la libertad que tienen los medios de comunicación para difundir informaciones sin censura previa, así como la libertad que hoy se garantiza para poder crear medios. Nuestro país ha destacado en la región precisamente por contar con un ecosistema institucional que favorece ampliamente la libertad de expresión y la difusión de informaciones, lo que constituye un activo muy importante para la democracia y para la promoción de las libertades. Sin embargo, a partir de las declaraciones formuladas por el abanderado del Partido Comunista, hay señales muy preocupantes de que estas fortalezas buscarían ser debilitadas radicalmente.

El debate acerca de regular los medios de comunicación como una forma de asegurar un mayor control estatal -siempre bajo la justificación que de esa forma se asegura mayor “pluralidad” e “información más confiable”- es ya de larga data, pero probablemente es primera vez que se plantea tan directamente la amenaza de retirar concesiones televisivas por supuestas infracciones a la pluralidad, dictar una “Ley de Medios” para asegurar una supervigilancia de contenidos y crear un sistema de medios de comunicación estatales. Estas son parte de las propuestas del candidato Daniel Jadue, quien en su programa propone “modificar la concepción neoliberal de los derechos asociados a la comunicación y hacer más equitativo el sistema de medios”.

Han sido sus intervenciones en foros y entrevistas donde el candidato ha entregado más detalles de lo que pretende, en las cuales ha acusado a ciertos canales de TV de sostener líneas editoriales sesgadas, lo que en su parecer podría dar pie para quitar la respectiva concesión. Ha señalado que un “consejo ciudadano” -compuesto por todos los poderes del Estado, o electo por la ciudadanía- podría estar a cargo de determinar si se cumple o no con los fines que establece la ley, y revocar concesiones. En materia de prensa escrita y radial no ha abundado en mayores definiciones, pero dado su diagnóstico de que existe una alta concentración de la propiedad entonces es previsible que también buscará extender allí los controles estatales.

Las propuestas de esta naturaleza parten por de pronto de supuestos equivocados. Si bien los medios tradicionales siguen desempeñando un rol muy importante, gracias a las nuevas tecnologías se ha producido una notable ampliación de los canales informativos, lo que torna completamente superado el debate por la concentración de medios. Este mismo fenómeno ha llevado también a que los ingresos publicitarios estén hoy muy atomizados.

Pero ciertamente lo más preocupante que subyace a los planteamientos de Jadue es la pretensión de extender el control estatal sobre los medios, mediante leyes que por más que tengan el rótulo de “populares” o de “pluralidad”, no son otra cosa que censurar, atosigar a periodistas o por último sacar de circulación a aquellos medios críticos o no funcionales al gobierno de turno. Esta es una concepción extremadamente dañina de cómo entender la democracia y el rol que debe jugar la libertad de información. Sería por lo mismo importante que el Frente Amplio, que ahora comparte lista con el PC, aclare si valida o no estos planteamientos.

Existe una relación directa entre la solidez de una democracia y la libertad para expresarse e informar sin censura previa. Justamente en la medida que el quehacer de los gobernantes puede ser escrutado y evaluado libremente por la ciudadanía, es cuando se puede ejercer un sano contrapeso al poder, prevenir abusos, actos de corrupción y asegurar la indispensable transparencia que reclama toda democracia. El rol de fiscalización de los medios se muy dificultado si es que el fiscalizado tiene injerencia directa en la elaboración de sus contenidos. Por ello, sin medios de comunicación libres o actuando bajo la cooptación del Estado -una fórmula clásica para ello es condicionar el avisaje estatal a los medios afines al gobierno- tal objetivo se vuelve muy difícil, lo que solo favorece a la corrupción o las derivas autoritarias.

La experiencia en Latinoamérica con las “Leyes de Medios” ha sido en general nefasta. Uno de los casos más paradigmáticos es Ecuador, cuya normativa solo se ha prestado para abusos, censuras y hostigamiento de la prensa, según han denunciado organismos especializados. La Sociedad Interamericana de la Prensa ha concluido que en toda América hay un “veto parcial” a la libertad de prensa -ningún país obtiene puntuación óptima, pero en cambio sí hay ejemplos ominosos donde esta libertad simplemente ya no existe-, mientras que el Índice de la Libertad de Prensa preparado por la organización internacional Reporteros sin Fronteras muestra que en tres cuartas partes del planeta la libertad de prensa se encuentra en algún grado de amenaza, lo que es indicativo de cómo la libertad de expresión está retrocediendo en muchas partes.

Es un hecho que nuestro país experimenta la necesidad de cambios profundos, y el clima político ha dado cuenta de ello. Asimismo, es legítimo que se debata acerca de la necesidad de contar con medios públicos y debatir acerca de cómo lograr que más voces sean visibilizadas. Pero algo muy distinto es cuando se intenta por la vía de subterfugios cooptar a los medios de comunicación y evitar voces críticas. De allí que resulta muy importante que las distintas candidaturas expresen su compromiso con la libertad de prensa y den garantías de que han comprendido la importancia que tiene para la democracia.