Seriedad en políticas para el sistema escolar

"Quiero pedirles perdón (a sostenedores de colegios subvencionados) por lo mal que los han tratado", "La idea es disminuir al máximo la aleatoriedad y aumentar al máximo las preferencias", "hay que escuchar a los municipios", son algunas de las declaraciones que ha hecho en los últimos días el ministro de educación, Gerardo Varela. Más allá de lo apropiado o inapropiado de sus dichos preocupa el trasfondo de los anuncios que realiza y que los medios corren por imprimir en sus páginas… ¿Nos estamos enfrentando con la real retroexcavadora, con ese fantasma que perduró durante el gobierno de Bachelet y que hoy, al menos en educación, resucita con fuerza?

Las declaraciones del ministro dan cuenta de alguna posible intención del gobierno de cambiar elementos de la Ley de Inclusión y la de Nueva Educación Pública, desconsiderando la evidencia disponible y respondiendo más bien a convicciones ideológicas.

La literatura internacional sobre políticas educativas ha planteado que los efectos de las reformas toman al menos 4 años desde el inicio de la intervención para mostrar resultados en los contextos de implementación (ver Coburn 2003). Esta afirmación se basa, además, en el supuesto de que la evaluación de las reformas se hace sobre una sólida base de evidencia empírica que muestra distintas facetas de los efectos de la reforma, en particular, estudios que analicen la implementación, el grado en que se transformaron los procesos que deberían cambiar y, por cierto, el impacto final de las políticas.

Sobre la Ley de Inclusión el ministro ha manifestado la preocupación de revisar el algoritmo del Sistema de Admisión para reducir la aleatoridad y maximizar la preferencia de los padres. Tal declaración preocupa porque desconoce que el algoritmo actual del sistema de selección busca precisamente maximizar las preferencias de los padres, y desconoce los resultados de su implementación que muestran que cerca del 70% de los estudiantes queda seleccionado en el establecimiento de su primera preferencia. La aleatoriedad solamente aplica en los casos en que hay más postulantes que vacantes y después de dar preferencia a postulantes que tienen alumnos en el mismo colegio y a hijas e hijos de funcionarios.

Respecto a la Nueva Educación Pública (NEP), el ministro manifestó que hay que escuchar a los municipios que quieren quedarse con los establecimientos públicos. En este sentido, la misma ley de Nueva Educación Pública plantea que es necesario establecer una Comisión de Expertos que analice la evidencia sobre el proceso de implementación de esta regulación para proponer ajustes o cambios después de tres años de implementación en los primeros Servicios Locales. A esas alturas sería irresponsable suponer que se podrán ver impactos de la ley, sino más bien aspectos relativos a la implementación de la misma, dado lo que nos indica la evidencia a nivel mundial. Es decir, no tendremos evidencia seria del impacto de este marco regulatorio sino hasta el año 2023, aunque podremos contar con estudios sobre su implementación antes de esa fecha.

Chile se ha distinguido en el mundo por una visión de Estado en las políticas públicas. El propio Presidente Piñera ha dado ejemplo de ello al promulgar la ley que creó la Subsecretaría de la Niñez. Es de esperar que el Ministerio de Educación siga este ejemplo y ponga la nota de seriedad en el debate de política pública, atendiendo a la evidencia y el conocimiento científico. Además, las leyes mencionadas (NEP y Ley de Inclusión) fueron producto tanto de la evidencia acumulada por la investigación y que ya se planteaba desde el 2004 por la OCDE, como del proceso de acuerdos políticos en el Congreso.

Es el momento de invertir las energías en hacer que las reformas funcionen para mejorar la equidad y la calidad de la educación en Chile y transformar la enseñanza en las aulas. Vendrá el tiempo de evaluar las reformas, y la gestión de este gobierno. Es indispensable evitar la lógica de las retroexcavadoras por preferencias políticas y sin evidencia. No se puede poner en juego, a cada cambio de gobierno, el futuro de los niños y niñas de Chile.