Sernac público

En la protesta sobre la desigualdad, un rol fundamental -y culpabilidad- de ella debiera recaer en el sector público. Un servicio de salud pública deleznable -en particular, comparado con el del sector privado-, educación ídem, Sename cuasi criminal, Compin vergonzozo. Y la gente, naturalmente, compara con lo no público y se enoja con toda justicia. No hay mala atención en los supermercados, en Uber, ni en las farmacias.

Con todos los defectos del caso, el Sernac y la Fiscalía Nacional Económica, tienen garras. Y las tendrían más largas si las penas que entrega el legislador a abusos contra consumidores, colusiones y otros delitos, fueran condignas al daño causado. Lo cual debe cambiar.

Hoy no es gratis abusar ni coludirse. Me tocó resolver el juicio de clase de La Polar, donde, además de perdonar deudas por centenares de millones, se entregaron compensaciones por otras decenas de millones de dólares.

No obstante, los ciudadanos no pueden hacer demandas similares contra el Compin o cualquier otro servicio público. El Sernac no los toca. Tampoco se les puede amenazar con aplicar una acusación penal empresarial (Corpesca se salvó jabonada de ser disuelta).

Y no es solo la negación del servicio (como es el no pago de las licencias medicas, o listas de espera que se resuelven a veces cuando el enfermo ya murió), sino además el mal trato de la burocracia a los ciudadanos: “haga de nuevo el formulario...”, “le faltó el certificado de nacimiento...”; y las miles de triquiñuelas para eludir el servicio. Y como no hay alternativa (salvo una mucho más cara en el sector privado, que muchos se ven obligados por necesidad a recurrir), se soporta estoicamente la confección de un grueso archivador lleno de papeles inútiles, en que faltando una firma o con algún error de fecha o de número sirven para el conocido “vuelva de nuevo y váyase luego”, con que tantos chilenos se enfrentan día a día.

Mucho se protesta contra las bajas penas de los delitos de “cuello y corbata”. Y tienen razón. Pero, ¿dónde están las penas para los abusos constantes de la burocracia y de los jefes de servicio de cualquier ministerio? ¿No debería haber un“Sernac público” que nos defienda del abuso y/o falta de entrega de un servicio consagrado por ley, y financiado por todos? ¿No tienen esos servicios públicos una responsabilidad aún mayor que las del sector privado, por el solo hecho de ser públicos? ¿Por qué el Estado no puede compensar -como lo hacen los privados- a una clase completa (juicio de acción de clase) de ciudadanos abusados o maltratados por sus servicios y/o por su personal? Quizás la respuesta es que serían tales los montos a pagar que quebrarían las finanzas públicas.

Pero eso no los exime de un mínimo de “accountability” por sus actos y sus omisiones. Debiera existir un Sernac ad hoc para perseguir, castigar y multar a los servicios del Estado. El tener dichos servicios menos medios de los que demandan, no justifica los malos tratos, ni la negación de una atención porque faltó una fotocopia, una firma o una fecha.

Nuestros funcionarios públicos - como le dijo a la ANEF el ministro Briones- están en el 5% de los chilenos de mayores ingresos. Y muchos de ellos -no todos, pero muchos- maltratan a la gente más pobre. Y no solo en la atención, sino en la desatención con sus habituales huelgas y paros, con los que buscan salir -hacia arriba por supuesto- del 5% de mejores sueldos de Chile.