Tercer retiro: el alto costo de no anticiparse a tiempo

El abrumador respaldo que recibió el proyecto de reforma constitucional en la Cámara de Diputados para autorizar un tercer retiro desde las AFP -con 122 votos a favor, 42 de los cuales provinieron del oficialismo- reviste una grave derrota política para el gobierno, confirmando que una parte considerable de su fuerza parlamentaria ya no está disponible para seguir brindándole soporte, así como su manifiesta incapacidad para ordenar sus propias filas.

La consecuencia de este desorden en el oficialismo es que no solo un proyecto que resulta abiertamente inconstitucional avanza sin contrapeso en el Congreso -ya es un hecho que la iniciativa cuenta también con los votos necesarios en el Senado-, sino que además horadará gravemente el sistema de pensiones -con este tercer retiro, serán del orden de seis millones de personas las que quedarán sin saldo en sus cuentas individuales-, dañando irremediablemente el monto de las futuras pensiones. La justificación de que es necesario para ir en ayuda de la población a fin de paliar los efectos de la crisis carece de todo sustento, en circunstancias que aquellos en situación de mayor vulnerabilidad ya vaciaron sus fondos, por lo que de prosperar tendrá escasos o nulos efectos sobre quienes más lo necesitan.

Lo regresiva de esta medida no debe llevar a perder de vista, sin embargo, que estamos en presencia de una crisis política autoinfligida, pues el gobierno tuvo un sinnúmero de señales previas que indicaban la predisposición de sus parlamentarios a inclinarse por un tercer retiro ante lo que estiman ayudas fiscales insuficientes. Llama a perplejidad que el Ejecutivo no haya sido capaz de aprender las lecciones que dejaron los dos retiros anteriores y nuevamente careciera de la habilidad para anticiparse a los hechos. Si antes fue evidente que producto de la falta de sintonía fina con sus propios parlamentarios terminó siendo bochornosamente derrotado, ahora es inminente que ello vuelva a suceder.

Con una tardía maniobra se intentó persuadir a los legisladores oficialistas recurriendo al proyecto propuesto por Joaquín Lavín, que en vez de un nuevo retiro de las AFP propone en cambio usar más universalmente los fondos que siguen acumulados en el seguro de cesantía. La propuesta finalmente fue desestimada, no siendo claro si ello fue producto de las suspicacias que levantó en algunos sectores de Chile Vamos -que leyeron esto como una maniobra para levantar la figura de Lavín-, o por su insuficiencia. En cualquier caso, este paso en falso no hizo más que alimentar la percepción de improvisación y ausencia de conducción, al punto que ya es difícil imaginar alguna salida en la que el gobierno no resulte políticamente derrotado.

La Moneda pretende ahora jugar su última carta frente al Tribunal Constitucional (TC), valiéndose de su sentencia con motivo del segundo retiro, donde declaró -en fallo dividido- como contrario a la carta magna que por la vía de reformas transitorias se buscara alterar normas permanentes, en este caso, la exclusividad de la iniciativa presidencial en aquellas materias relativas a la seguridad social. Con el fin de intentar sortear al TC, la oposición elaboró un artilugio que establecía un artículo permanente en la Constitución, facultando al Congreso para dictar reformas sobre seguridad social bajo estados de excepción constitucional. Si bien esta parte de la reforma no alcanzó el quorum requerido, inesperadamente el propio Mario Desbordes -candidato presidencial de Renovación Nacional- advirtió que si el Ejecutivo recurría al TC, se evaluaría restablecer una reforma permanente. Esta amenaza resulta preocupante y la coalición de gobierno no debería consentir en la tentación de profundizar en fórmulas que atentan en contra de una administración eficiente del Estado.

Pese a los riesgos de que una acción ante el TC tensione aún más la relación al interior del oficialismo -después de todo, varios parlamentarios de Chile Vamos le han solicitado al Ejecutivo no recurrir al TC-, el gobierno no debería renunciar a su deber de hacer cumplir la institucionalidad vigente, defendiendo la iniciativa exclusiva presidencial. Permitir que las normas constitucionales sigan siendo horadadas o relativizadas solo alimentará las pulsiones para seguir desconociendo las normas fundamentales, lo que daña gravemente la estabilidad institucional del país.

Pero dado que es un hecho que el tercer retiro será aprobado por el Congreso, el gobierno no puede volver a caer en el error de no anticiparse a tiempo, sobre todo porque esta vez es mucho lo que aquí está en juego. Si decide recurrir al TC, entonces debe prepararse para el escenario que se abriría ante la eventualidad de que el TC declare la inconstitucionalidad. Será clave que para entonces el Ejecutivo haya elaborado un nuevo plan de ayudas fiscales, macizo, políticamente bien consensuado y que no deje ninguna duda de que su alcance será potente, brindando toda la asistencia que sea necesaria para ir en ayuda de las familias. Esto constituye un imperativo, y de no hacerlo así, se arriesga a crear un ambiente social enardecido, que bien podría alimentar las expectativas de un nuevo estallido. Esto debe ser tomado seriamente y no parece haber margen para el error. Sin este plan robusto, también expone imprudentemente a su propio sector a sufrir una derrota electoral.