Tiempo de violencia

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Hoy se cumplen tres semanas desde que inesperadamente estallara el mayor conflicto social en décadas. Una mezcla de legítima demanda y malestar ciudadano se ha confundido con el actuar de un grupo organizado y violento cuyo objetivo pareciera ser la destrucción y la polarización. Este grupo ha desafiado al Estado en su capacidad de garantizar el orden público y amenaza sobrepasarlo en lo que constituye su rol principal, que es hacer viable la vida en sociedad.

La violencia se ha ido instalando en la forma de destrucción, incendios, saqueos, heridos y muertos, dejando en evidencia una fuerza policial que parece sobrepasada y en ocasiones con reacciones que, inevitablemente, transgreden derechos de las personas.

Hay avances. El gobierno y la oposición progresan en acuerdos que enfrentan las principales demandas ciudadanas, pensiones, sueldos; el nuevo gabinete ha traído un clima de diálogo, que no cabe sino celebrar y apoyar. Incluso la idea de transitar hacia una nueva Constitución pareciera estar siendo acogida por amplios sectores, incluyendo quienes antes se oponían a esta posibilidad.

Sin embargo, la violencia desatada hace imposible enfrentar tanto los urgentes cambios redistributivos como los cambios más estructurales y simbólicos. El diálogo legislativo, también el ciudadano, simplemente son imposibles en un clima en que el Estado no es capaz de garantizar y regular la vida en común.

Hay evidencia para afirmar que el ataque al Metro (18 octubre) fue un acto coordinado, de carácter terrorista. Hasta ahora poco sabemos de quiénes tuvieron la capacidad de llevar a cabo tamaña operación. Peor aún, algunos sectores en la política, en los medios de comunicación o incluso al interior del gobierno, tendieron a "contextualizar" el ataque, confundiéndolo con las demandas ciudadanas, relativizando su importancia y evitando la condena frontal que se requería. El resultado ha sido un clima de tolerancia hacia la acción violenta siguiente, concentrándose el foco en eventuales excesos de las fuerzas de seguridad.

Se requiere urgente un decidido acuerdo de todos los sectores, incluyendo el Congreso, Poder Judicial y otros actores sociales para dar primera prioridad a la recuperación de la paz social. Eso significa, muy específicamente, apoyar y empoderar a las instituciones que constitucionalmente tienen la potestad, las herramientas legales y el poder material para resguardar la convivencia.

El tiempo disponible es muy corto. La indefensión y el miedo ante la ausencia de Estado incentivan la autodefensa, que puede ser pacífica (chalecos amarillos) pero que también podría dejar de serlo, lo que generaría un espiral de enfrentamiento. Nadie sabe cómo esto puede terminar. Por otra parte, las consecuencias económicas de esta situación afectarán ingresos y empleos de miles de familias lo que contribuirá a empeorar el malestar y la tensión.

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