Todo es necesario

Por Osvaldo Larrañaga, director Escuela de Gobierno UC

En respuesta a la pandemia, los países buscan lograr un balance socialmente aceptable entre contener el contagio y mantener la actividad económica. Medidas como las cuarentenas y el aislamiento social son eficaces para que no se propague en demasía la enfermedad, pero tienen un costo en términos de empleo y generación de ingresos. Ello en tanto dificulta el funcionamiento de las empresas, la asistencia de los trabajadores a sus lugares de trabajos y que los independientes realicen sus labores productivas.

Bajo tales circunstancias, los gobiernos deben proveer medios de vida para una parte significativa de la población, mientras esperan ventanas de oportunidades que les permitan reactivar la actividad productiva. Todo esto bajo significativa incertidumbre del devenir de la pandemia, lo que complejiza sobremanera las decisiones de política pública.

Desde el 2002 tenemos en el país un seguro de desempleo para trabajadores formales, que provee ingresos decrecientes en el tiempo a quienes pierden o se retiran de sus empleos. En respuesta a la pandemia, este instrumento amplió su cobertura para cubrir a los asalariados que no pueden acudir a sus empleos o que laboran en empresas con cese temporal de actividades.

No tenemos nada parecido para trabajadores informales, por lo que el gobierno tuvo que crear un ingreso familiar de emergencia que entregará ingresos a las personas de este grupo que hayan perdido su fuente de ingreso. La evidente dificultad que significa identificar y localizar a estas personas implica que no recibirán la primera transferencia sino hacia fines de junio, según se desprende de la información oficial.

Esta es una espera insostenible en Santiago si la ciudad continúa bajo cuarentena. El reciente anuncio presidencial de entregar cajas de alimentos es un paliativo que atiende a la necesidad más apremiante de los trabajadores informales y de otros grupos de la población, posibilitando tener cuarentenas más largas.

El gobierno enfrenta enormes dificultades logísticas para hacer llegar en forma rápida cajas de alimentos a los 2,5 millones de hogares que se ha fijado como meta. Hay que adquirir tal cantidad de productos, embalarlos, definir a quién entregarlos y con que prioridad, y llegar en forma segura a los destinatarios. A tal efecto se trabajará con los alcaldes y con la asistencia de las Fuerzas Armadas y de Orden. Se priorizará por territorios que hayan estado bajo confinamiento social más estricto. Es de esperar que se haga entrega de las cajas al universo de hogares en esos lugares y no se intente focalizar entre vecinos que difieren entre sí en escasos grados de vulnerabilidad. Aún en el mejor de los casos habrá infinidad de errores y un cerro de reclamos entre quienes no fueron considerados o localizados.

Cabe preguntar porque no se hizo uso de una tarjeta tipo BIP que el gobierno cargue electrónicamente con una suma de dinero y pueda ser usada para la adquisición de alimentos en la red de distribución instalada en el país. Esta consiste en casi 120.000 establecimientos de todo tamaño, muchos de los cuales están en dificultades.

A diferencia de Argentina y otros países, Chile no tiene en funcionamiento ese tipo de plataforma y su instalación tardaría un tiempo del que no se dispone. Se requiere producir las tarjetas y el sistema informático requerido, hacer la conexión con los puntos de ventas, identificar y localizar a los beneficiarios, hacerles llegar la tarjeta, etc.

En las actuales circunstancias es necesario trabajar en todos los frentes. Llegar lo más rápido y mejor que se pueda con la entrega de cajas mientras se instala la plataforma de la tarjeta electrónica. A la vez, apurar las transferencias en dinero mientras los equipos de salud luchan para que no colapse la red hospitalaria. Hacer todo lo necesario para que pasemos la etapa más dura de la pandemia.