Trabas para los grandes proyectos de inversión
La suspensión de un millonario proyecto de Colbún, producto de una decisión del SEA de Antofagasta, ilustra los problemas que conlleva la arbitrariedad en los procesos de evaluación ambiental.
Colbún ha decidido suspender de manera indefinida su proyecto Central de Bombeo Paposo -el que contemplaba una inversión de US$ 1.400 millones-, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta pusiera término anticipado a la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, el que recién había iniciado su tramitación en mayo pasado, desestimando un recurso de reposición que había presentado la empresa. Como consecuencia de lo anterior, súbitamente la directora ejecutiva del SEA nacional solicitó la renuncia del director regional, sin que hasta aquí se hayan entregado mayores fundamentos para esta decisión.
Cabe presumir que la decisión del SEA de Antofagasta causó molestia en el gobierno, considerando que el ministro de Hacienda señaló que “a veces hay funcionarios que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos”. Con todo, el alejamiento de este funcionario dista de dar por cerrado este capítulo, el cual vuelve a poner de relieve las enormes dificultades que encuentran grandes proyectos de inversión para obtener los permisos ambientales, constituyendo una barrera para efectos de poder estimular el crecimiento del país.
En el caso del proyecto de Colbún, constituye la introducción de una tecnología que en el caso de Chile es inédita, y que habría permitido contar con respaldo de energía en horario nocturno y ahorrando enormes cantidades de emisión. Es precisamente el tipo de tecnologías que van de la mano con los criterios que busca el país en cuanto a avanzar hacia una matriz energética limpia, por lo que ciertamente llama la atención que la instancia administrativa haya tenido criterios tan poco flexibles para haber dado la oportunidad a la empresa de haber podido llevar a cabo enmiendas que pudieran haber hecho viable el proyecto. Con esta determinación, no solo queda en suspenso un proyecto de cuantioso monto, sino que también pone en entredicho la voluntad para desarrollar nuevos criterios que permitan evaluar tecnologías de vanguardia.
La dinámica de cómo se dieron los acontecimientos pone una vez más de manifiesto la arbitrariedad con que deben lidiar los grandes proyectos de inversión para obtener los permisos ambientales, donde los criterios de los servicios regionales -que de acuerdo con la actual normativa cuentan con importantes márgenes de autonomía- pueden variar sustancialmente entre ellos, así como respecto de las directrices a nivel central. El hecho de que se haya removido al director de Antofagasta profundiza esta sensación de desconcierto, porque aun cuando se haya querido enviar una señal en cuanto a que una decisión como esta no resulta indiferente, es complejo que a la vez se pueda dar la impresión de que el cargo de una autoridad local depende críticamente de no entrar en contradicción con sus superiores, a pesar de que éste asegura haber actuado dentro de la ley. La forma de atenuar este riesgo sería precisamente contar con criterios mucho más unificados para interpretar la normativa, que reduzcan el margen para actuaciones arbitrarias y entreguen más certezas a los procesos de evaluación ambiental.
Aun cuando en los últimos meses se han aprobado millonarios proyectos de inversión, casos como el de Colbún y otros que llevan años en procesos de evaluación representan importantes retrocesos que obligan a revisar con urgencia el funcionamiento de nuestra institucionalidad.
