Tragedia y responsabilidad



¿Cuándo lo que nos ocurre deja ser un infortunio, desborda nuestra propia responsabilidad y deviene una injusticia social? La respuesta no es obvia. A medida que los casos se complejizan y reemplazamos la simpleza del eslogan por la incómoda realidad, las fronteras entre la mala suerte, las malas decisiones individuales y la desigualdad se difuminan.

Así, por ejemplo, el coronavirus tiene aparentemente un origen accidental, pero los factores que explican su mayor letalidad en ciertos grupos sociales y su dispar impacto económico (sobreexposición por hacinamiento, inequidades en el acceso a la salud, precariedad laboral, entre otros) remiten más a desigualdades sociales que a una mala jugada del destino. George Floyd, el hombre afroamericano que murió debido a la asfixia provocada por un policía, fue arrestado al intentar hacer una compra de abarrotes con un billete supuestamente falso de 20 dólares. Algunos dirán que Floyd causó su propia muerte por su conducta transgresora, otros pensarán que el policía abusó de la fuerza (en ambas hipótesis, se trataría de responsabilidad individual) pero para quienes salieron a las calles enarbolando la consigna Black Lives Matter su asesinato se suma a una larga y dolorosa estadística que sugiere que el valor de la vida depende del color de la piel.

La reciente muerte de un malabarista en Panguipulli y el renovado debate sobre el control de identidad que aquella ha desatado, plantean similares complejidades, que merecen ser abordadas con seriedad. Sin embargo, algunas autoridades han descartado la objeción de uso discriminatorio de tal facultad policial con un lacónico “quien nada hace nada teme”, emitido con la seguridad del que, consciente de sus privilegios, busca convencer al que no goza de idéntica suerte de que sufre un delirio febril.

Hace unos días, un numeroso grupo de migrantes, enfundados en overoles blancos, fueron expulsados por el gobierno. El ministro Delgado explicó que dicha acción mediática buscaba notificar a quienes piensan ingresar al país por pasos irregulares que se exponen al mismo riesgo. En lugar de amenazar a quienes trafican con migrantes, el gobierno prefirió intimidar a quienes, huyendo de la precariedad económica y de la inestabilidad política buscan, según sus propios dichos, “poder ganarse la vida”.

Sondeos recientes indican que el rechazo al inmigrante ha aumentado significativamente en Chile. El repudio a esa larga categoría de personas que consideramos “los otros” funciona como una narrativa atrapante porque al responsabilizarlos de sus tragedias personales nos descargamos de los costos de la solidaridad y revestimos nuestros privilegios de mérito. Pero en la exacerbación de la responsabilidad individual y del discurso del infortunio yace el peligroso germen de la deshumanización.

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