Transformación digital del Estado

La modernización del Estado ha sido definida como una de las prioridades de este gobierno, con el objeto de fortalecer el acceso y mejorar el servicio a los ciudadanos. En este contexto de agenda de modernización, y sin perjuicio de que existen múltiples factores a considerar y de otras iniciativas y medidas que resultan necesarias, el proyecto ingresado recientemente por el Ejecutivo sobre Transformación Digital del sector público es muy significativo y, aunque parezca obvio, un necesario comienzo.

Es una realidad insoslayable que, pese a que han existido notorios avances en algunas instituciones públicas y otros poderes del Estado, como el caso del Poder Judicial, Chile sigue siendo un país burocrático. El "papeleo", las largas filas y los tiempos de demora para obtener una respuesta por parte de un servicio público son asumidos por la ciudadanía como algo normal. Lo mismo ocurre con aquellos funcionarios públicos que ocupan valiosas horas de trabajo en ordenar y procesar documentación.

Respondiendo a dicha realidad es que el proyecto establece, entre otras modificaciones, que los procedimientos administrativos deberán expresarse por medios electrónicos y constar en un expediente de tal naturaleza, salvo casos excepcionales en que se podrá autorizar la utilización de soporte papel. Asimismo, se establece una plataforma electrónica para el ingreso de solicitudes, formularios y otros documentos, permitiendo así su seguimiento por parte del usuario. También se avanza en relación al derecho de las personas a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración, pues en dicho caso, el órgano ante quien se tramite un procedimiento administrativo, podrá requerir la información o documentos pertinentes a otros órganos de la Administración, no pudiendo el requerido excusarse.

La propuesta del gobierno de ocupar la tecnología que hoy existe, y llevar a cabo una verdadera transformación digital del Estado, es sumamente necesaria, entendiendo ésta, tal como lo ha indicado el Ejecutivo, no solo como una digitalización de trámites para que sean más accesibles a la ciudadanía, sino como una nueva forma para el Estado de relacionarse, ya sea al interior de éste entre los mismos órganos de la Administración, o bien, entre los órganos y los ciudadanos, y así el Estado pueda dar fiel cumplimiento a su deber constitucional de estar al servicio de la ciudadanía.

Aunque parezca razonable y lógica esta transformación digital, no se dimensiona el real y positivo impacto que las propuestas planteadas pueden traer aparejadas, tanto en la simplificación y agilización de trámites, reducción de costos, así como en una comunicación más expedita y transparente que debe existir en un Estado moderno. Por ello, es de esperar que exista un espíritu de colaboración entre todos los sectores para que este proyecto se transforme en ley lo antes posible, y que ésta se difunda adecuadamente a la ciudadanía para que la iniciativa cumpla cabalmente con sus objetivos.