Tribunal Constitucional: el pato de la boda

Por Mauricio Morales, profesor titular Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Talca

El Tribunal Constitucional deberá dar respuesta al requerimiento del gobierno respecto a la constitucionalidad del proyecto discutido en el Congreso sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones, actuando como una especie de árbitro entre el Ejecutivo y el Legislativo. La estrategia del gobierno respecto a recurrir al TC ha dado resultados, pues recuperó el poder de agenda. Por una parte, obligó al Congreso a discutir el proyecto que el propio gobierno envió, y que se terminó de aprobar en el Senado. Por otra, el proyecto que emanó desde el Congreso ya no tendría mayor sentido, restando protagonismo a sus impulsores y, en especial, a la diputada Pamela Jiles. De suceder esto, el gobierno podría darse como ganador: con el requerimiento ante el TC y con la amenaza creíble de que el proyecto del Congreso sea declarado como inconstitucional, el gobierno orilló a la oposición a discutir su propuesta, y -de paso- disciplinó a sus propios legisladores.

¿Era necesario llegar a este extremo? No. Lo que debe hacer un gobierno antes de recurrir al TC es convencer a sus propios legisladores de que un proyecto es inconstitucional, ofreciendo una mejor alternativa. Esa es la gestión política básica que un Presidente debe impulsar para evitar este tipo de situaciones, ordenando a sus legisladores y seduciendo a la oposición. Es cierto que lo consiguió en la reciente discusión en el Senado, pero lo hizo utilizando como escudo al TC. Comprensiblemente, la oposición se vio orillada a respaldar el proyecto del gobierno, a sabiendas de que el TC podría declarar como inconstitucional el proyecto del Congreso, dejando a las personas sin la posibilidad de retirar parte de sus fondos para las fiestas de fin de año. Por tanto, si la oposición rechazaba el proyecto del gobierno, entonces se colocaba en el lugar equivocado de la historia, convirtiéndose más en un bloqueo que en un facilitador de una legislación que produce tanto respaldo ciudadano.

Con el TC como escudo protector, entonces, el gobierno dio vuelta el partido. Si bien traicionó sus principios ideológicos básicos, esta vez -a diferencia de lo que sucedió con el primer retiro- se erigió como el protagonista. Primero, porque consiguió que su proyecto fuese el prioritario, haciendo valer la iniciativa presidencial y el manejo de las urgencias. Segundo, porque utilizó una amenaza creíble: que el TC declarara como inconstitucional el proyecto de retiro que elaboró el Congreso. Tercero, porque disciplinó a su coalición y rescató apoyos de la oposición. Esto lo suele hacer un gobierno con más del 50% de aprobación, siendo poco usual que lo consiga uno con el 15%.

Si el proyecto del gobierno es aprobado, los miembros del TC podrán respirar tranquilos. Aunque declaren como inconstitucional el proyecto del Congreso, eso no tendrá un impacto significativo en la opinión pública, aunque sí dejará precedente de cara a un eventual tercer retiro. Seguramente, los miembros del TC sentirán un tremendo alivio al soltar el fierro caliente que les pasó el gobierno, pero -al mismo tiempo- tendrán la autopercepción de haber sido utilizados como el pato de la boda. Es decir, que si el proyecto del gobierno fuese rechazado por el Congreso y quedara en carrera solo el proyecto original que precisamente debe analizar el TC, la presión social sería insostenible. Ni pensar si el TC llegara a declararlo inconstitucional. Con algo así, el TC no solo arriesgaría ser el foco de la rabia y de la protesta social, sino que -además- daría buenos argumentos a sus críticos para suprimirlo de la nueva Constitución.