TVN: ¿debe salir del mercado?

La situación de Televisión Nacional, conocida a raíz del conflicto surgido en su directorio, demuestra que esa empresa del Estado está lejos de cumplir los parámetros de eficiencia exigibles a un ente competitivo. Todo ello a costa del bolsillo los chilenos.

Acá no se trata únicamente de la forma como se ha conducido el directorio y las acusaciones que entre ellos se formulan, que pudiera terminar en una judicialización del problema; ni tampoco de la magnitud de los sueldos o de la ausencia de una jefa de prensa por largos meses en el canal. Tampoco se trata de que no exista un proyecto programático eficiente -como lo han hecho ver varios especialistas-, que satisfaga el rol de una televisión de categoría.

Lo que se ha conocido, en cambio, es mucho más serio y preocupante. TVN, como otras empresas del Estado, fue autorizada a participar por ley de quórum calificado de una actividad económica y, como tal, de acuerdo con la Constitución, debe regirse por la legislación común aplicable a los particulares.

Esto significa que el Estado, en cuanto empresario, carece de los privilegios de una autoridad pública y debe desempeñarse como un particular más, compitiendo de igual a igual con los otros interesados en la misma actividad.

Sin embargo, lo que estamos viendo es que cuando el Estado actúa como empresario, nunca abandona sus privilegios, entre otras cosas, porque goza de un capital ilimitado y es prácticamente inimaginable que deje quebrar a una de sus empresas, lo que se traduce en que no necesariamente actúa con racionalidad económica, sino que muchas veces por impulso político.

El Estado debe exigir un grado de responsabilidad especial en la administración de estas empresas, pues los "accionistas", o quienes concurren con los fondos, son los contribuyentes. En los próximos meses se destinarán unos 65 millones de dólares a TVN. No se ha visto, en ninguna de las discusiones públicas planteadas hasta el momento, cuál será el destino de estos importantes recursos y si de verdad sanearán la situación financiera del canal estatal. Lo que sí se ha informado es que se constituirá una Comisión Parlamentaria para investigar las materias denunciadas entre los directores, lo que tendrá el inconveniente de desviar la materia a responsabilidades políticas.

Y la verdad es que la discusión de fondo, a nuestro juicio, dice relación con la necesidad e interés que reviste para el Estado el mantener una señal televisiva abierta, y si se justifica en las actuales circunstancias que participe de dicha actividad económica competitiva mano a mano con otros canales, sabiendo de las dificultades y pérdidas que genera este negocio. O bien, al contrario, que sitúe su participación en un carácter social, educador y cultural, bajo otros parámetros programáticos y económicos, que le proporcionen sentido y sensatez a su rol de televisión estatal. O, lisa y llanamente, que el Estado decida sacar del mercado a una empresa ineficiente.