Un grave daño al sistema previsional y financiero

La forma como fue aprobado por la Cámara Baja un nuevo retiro de las rentas vitalicias -que incluso podría comprometer el pago de las actuales pensiones- supone un riesgo mayor. El Senado tiene en sus manos el deber de evitar una catástrofe.



Una vez más, el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales considera obligar a las compañías de seguros de vida a prestar dinero a sus pensionados con rentas vitalicias. La forma exacta en que la obligación de prestar fue aprobada esta vez por la Cámara Baja conduce a pérdidas muy severas para las compañías afectadas, largamente superiores a las que resultaban de la versión asociada al tercer retiro: muchos pensionados con rentas vitalicias, si son de avanzada edad, recibirían un 10% del capital con que compraron su renta vitalicia y, con el 5% de su pensión dedicado a pagar ese préstamo, solo alcanzarían a restituir una fracción menor del mismo. Ya es inconstitucional obligar a las compañías a prestar su dinero, sin que ello esté en su giro. Obligarlas a hacerlo en condiciones que resultan en pérdidas severas es, además, derechamente expropiatorio.

Como han indicado las autoridades que regulan a las compañías de seguros -en particular, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero-, las pérdidas para las compañías aseguradoras van a ser significativas y las dejarán con patrimonio inferior al requerido para poder operar en el mercado chileno. De ahí va a seguirse un riesgo de no pago de las actuales rentas vitalicias -un hecho potencialmente gravísimo, cuyas implicancias aún parecen no ser adecuadamente sopesadas-, que dejará en la incertidumbre a los actuales pensionados y, prácticamente con certeza, la desaparición de la oferta de nuevas rentas vitalicias en el mercado. Los afiliados que se jubilen deberían, en este caso, contentarse con el Retiro Programado, modalidad que deja en el pensionado el riesgo de longevidad y de rentabilidad de las inversiones que se efectúan con sus fondos.

La otra consecuencia negativa que se ha anticipado es en el mercado de los préstamos hipotecarios. Como la expectativa de vida de los afiliados al sistema previsional es larga, las compañías de seguros, para limitar sus riesgos al ofrecer rentas vitalicias, deben invertir sus reservas en activos de largo plazo. El mercado de préstamos hipotecarios chileno, que evolucionó junto a la maduración del sistema previsional hasta llegar a otorgar financiamiento abundante, a plazos largos y tasas bajas, se va a ver profundamente afectado si cesa la oferta de rentas vitalicias en el país. El impacto inmediato va a ser la limitación en el acceso de la clase media a la vivienda y, ante una menor demanda, una caída en la construcción de viviendas.

Solo una catástrofe financiera mayor podría tener efectos en el mercado de las rentas vitalicias, del financiamiento hipotecario y de la construcción de viviendas, comparables a lo que se anticipa de lo acordado por los diputados. Pero, obviamente, la actuación de la Cámara tendrá costos adicionales a los de esa catástrofe hipotética, en la medida que se trata de la acción deliberada de un poder del Estado que, en el entendido que está consciente de lo que hace, envía un mensaje inequívoco a todo potencial inversionista en el país, sea nacional o extranjero: en el Chile actual el Estado altera reglas e impone pérdidas patrimoniales a su antojo.

Gran parte de la ciudadanía observa consternada el paso desde un Estado que fue capaz de crear y fortalecer las instituciones necesarias para el progreso del país a uno del que puede esperarse cualquier revisión arbitraria y expropiatoria de las reglas del juego, sacrificando cualquier expectativa de desarrollo futuro a un mezquino cálculo de corto plazo. Preocupa cómo se va a mantener una economía con el potencial para generar empleos y remuneraciones para una población creciente, y de dónde saldrán los recursos para apoyar desde el Estado a los sectores más vulnerables.

Frente a este desolador escenario, la palabra la tiene ahora el Senado, que junto con revisar el cuarto retiro también deberá pronunciarse sobre el segundo anticipo aprobado para las rentas vitalicias. En ese sentido, es lamentable que varios senadores de oposición que se habían manifestado en contra de un nuevo rescate desde las AFP -una consecuencia evidente del sobrecalentamiento que está provocando el exceso de liquidez se acaba de observar en la variación de 1,2% del IPC de septiembre, su mayor nivel desde 2008- están cediendo a la petición hecha por la abanderada presidencial de la centroizquierda, y ahora se inclinarían por votar a favor, con algunas modificaciones.

Algo más de conciencia parece haber en el caso de las rentas vitalicias, pues según se ha informado, la presidenta del Senado estaría buscando introducir modificaciones, no descartándose que incluso se elimine dicha propuesta. La Cámara Alta tiene la responsabilidad de no permitir que sigan avanzando proyectos que podrían dañar gravemente la estabilidad financiera del país, y generar perjuicios irreversibles en cientos de miles de pensionados.

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