Un grave error

SEÑOR DIRECTOR

Con motivo del aumento de la acción delictual de grupos organizados, se ha planteado, con más fuerza que en otras ocasiones, la declaración de estado de excepción para La Araucanía. Los requirentes estiman que a estas alturas hay en esa determinación una vía de solución al desmadrado problema de orden público y seguridad que se ha instalado en una no menor área geográfica del territorio nacional.

Derechamente constituirá un grave error que el Presidente de la República se convenciera de la procedencia de lo que algunos le demandan. Declarar uno de aquellos estados de excepción que permiten la actuación de las FF.AA. en materias de seguridad y orden público, lejos de pacificar, muy probablemente impulsará un escenario del que será muy difícil salir bien parados.

Dicho lo anterior, es prudente no pasar por alto la razón por la cual algunos ven una solución en una decisión de tal magnitud y riesgo. A estas alturas, luego de décadas de deterioro de la seguridad para las personas y bienes, el aumento en la frecuencia, en la capacidad logística de los malhechores en las zonas afectadas pone en seria duda la capacidad del Estado para dar eficacia al derecho. Pero para salir de esta compleja situación no hay que buscar atajos. Se trata de reponer el imperio del derecho a través de los órganos constitucionales encargados, que sientan el respaldo político a sus diligencias.

Nadie que haya estado en cargos con responsabilidad en el área de la seguridad puede pretender dar lecciones, pero sí pedir que no se tomen decisiones de probabilísimas pésimas consecuencias. Contribuyamos reprochando incondicionalmente la violencia, el delito como acción justificable. Sin tal acuerdo, los exégetas de la conmoción interior pueden seguir ganando prosélitos.

Jorge Burgos