Un mínimo común en integración social




Por Felipe Ward, ministro de la Vivienda y Urbanismo, y Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo

Comprendiendo la urgencia de sacar adelante el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, los parlamentarios -desde sus diferencias- llegaron a acuerdo en una sola semana para que este beneficio se convirtiera en ley. ¿Por qué? Porque la entrega de estos recursos a las familias más afectadas por la pandemia se convirtió en un mínimo común desde el cual avanzar.

La misma urgencia tienen las políticas que buscan enfrentar el déficit habitacional -el que supera actualmente las 500 mil viviendas según el Censo 2017- y alcanzar una mejor calidad de vida en las ciudades. En este contexto, se inscribe el proyecto de ley de Integración Social y Urbana presentado por el Ejecutivo y que fue rechazado por la comisión de Vivienda del Senado hace unas semanas. Tal como han manifestado voces del mundo social, académico y gremial, esta decisión genera profunda desazón, más aún cuando algunos senadores sustentaron su votación argumentando que este tema debiese abordarse en el proceso constituyente, motivo que refleja indolencia frente a la emergencia habitacional que viven hoy miles de familias.

Es fundamental destacar que el proyecto actual está compuesto por cuatro pilares: 1) herramientas para la adquisición de suelo para los comités de vivienda; 2) acortar los tiempos para el cambio de uso de suelo para proyectos de construcción de vivienda social (Artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones); 3) reducir plazos para regenerar barrios deteriorados y 4) dejar en los municipios, a través de sus planes reguladores, la potestad de definir zonas e incentivos para la integración social. Este último punto es muy importante, ya que establece que esta ley debe tener una mirada descentralizada.

Desde su tramitación en 2018 el proyecto ha recibido cambios profundos, los que se trabajaron y acordaron con diversos actores que participaron de la discusión legislativa, entre ellos, agrupaciones de base y pobladores de todo Chile, a quienes beneficiaría directamente esta ley. El rechazo de este proyecto provocó enorme frustración en muchos comités de vivienda. Las modificaciones al Artículo 50 podrían impactar hoy a más de 11 mil viviendas, las políticas de regeneración a otras 20 mil y las herramientas para compra de suelo permitirán a miles de nuevas familias acceder a un hogar definitivo.

Si bien este proyecto tuvo un traspié en su debate legislativo, aún queda por avanzar. Por esta razón, presentamos al Senado la discusión inmediata de esta iniciativa de manera que se aborde a la brevedad posible y se apruebe. Confiamos en que este proyecto de ley pueda progresar para alcanzar el mínimo común urgente de poner fin a la segregación y avanzar en mayor integración para nuestras ciudades.

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