Un nuevo modelo de pensiones



La polémica en torno al retiro del 10% de los fondos de pensiones ha exacerbado fuertemente la discusión sobre cuáles deberían ser las reformas que mejor satisfagan las expectativas de la ciudadanía, cuyo clamor por mejores pensiones a estas alturas ya no resulta discutido por ninguna fuerza política. El debate se torna mucho más complejo cuando en vez de argumentos que enriquezcan el análisis proliferan eslóganes (como “no más AFP”), descalificaciones y la pretensión de imponer visiones ideológicas que devuelvan al país a un sistema de reparto, modelo que fue desestimado por la mayoría de la propia Comisión Bravo, que convocó el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet.

Ahora que la tramitación de la reforma previsional se apronta a ser retomada en el Congreso, se abre la oportunidad para pensar en un modelo audaz, tal que manteniendo el principio de la capitalización individual -el retiro del 10% ha permitido confirmar a los afiliados que sus aportes han estado bien resguardados- se asegure a toda o a la mayor parte de la población un determinado monto de pensión que resulte razonable, con cargo a fondos de la nación.

Parece evidente que el actual sistema, que descansa en forma importante en el aporte que cada uno logre hacer durante su vida activa, funciona bien solo para un acotado segmento de la población -aquel de rentas medias y altas, y que en general ha logrado cotizar la mayor parte de su vida activa-, pero para la gran mayoría no se traduce en el bienestar al que aspira en su etapa pasiva. De allí que se hace ineludible perfeccionar sustantivamente el actual modelo.

Asumir este diagnóstico de realidad no supone culpar por ello a las AFP, pues su rol es rentabilizar los recursos que captan de los trabajadores, excediendo su responsabilidad el que la mayoría de los trabajadores no puedan cotizar lo suficiente para su pensión -en particular por los acentuados niveles de informalidad que exhibe nuestro mercado laboral-, el principal factor que explica las bajas jubilaciones. Según la Comisión Bravo, los afiliados “no independientes” (menos de 50% de su tiempo desempeñándose como independiente) y con densidad de cotizaciones superior al 50%, correspondieron solo al 34,4% de la población trabajadora entre 1980 y 2009. El resto -no afiliados, independientes, no independientes con baja densidad de cotizaciones e inactivos- deberán resignarse a una fuerte caída de sus ingresos en la etapa pasiva, lo que no resulta aceptable.

Lo que corresponde es que el país defina una pensión mínima aceptable, y que ésta sea financiada con fondos públicos que provengan vía recaudación de impuestos, evitando fórmulas que introduzcan mayores grados de distorsión al sistema y que desincentiven a que los trabajadores contribuyan también con sus propios aportes. En ese orden de cosas, resulta fundamental evitar impuestos aplicados al trabajo, como el contenido en la propuesta hoy en trámite, que aumenta cotizaciones para destinarlas parcial o totalmente a un fondo con fines previsionales redistributivos. Es fácil imaginar que, si las cotizaciones se acercan al 30% de las remuneraciones como sería el caso si se incrementan las cotizaciones para vejez en seis puntos, y éstas corresponden a impuestos en parte importante, el incentivo para pasar a la informalidad será enorme, lo que agravará la falta de cotizaciones, la insuficiencia de las pensiones y el costo para el Estado de concurrir a financiar pensiones con un cierto estándar.

En la línea de lograr montos mínimos asegurados es que se mejoró sustancialmente la Pensión Básica y se introdujo el Aporte Previsional Solidario en 2008. Ahora que el país requerirá estimular la mantención y creación de empleo así como también mejorar las pensiones, deben estudiarse alternativas que permitan combinar eficientemente dichos objetivos, y una de ellas podría ser el alza del IVA. Ello no necesariamente sería regresivo, en circunstancias que a través de esa fórmula todos los chilenos estarían contribuyendo por el monto de su consumo -y no por la proporción de sus ingresos destinados a consumo- al financiamiento de las pensiones del sector más vulnerable de la población mayor.

Mejorar la captación de aportes del sistema de capitalización individual y profundizar el rol del Estado en garantizar pensiones mínimas requiere disciplina técnica, visión de largo plazo y fortaleza para no ceder a pulsiones ideológicas potencialmente muy dañinas.

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