Un país indígena

Caso Luchsinger



Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

A la hora que usted lee esta columna, los primos Luis y José Tralcal estarán disfrutando libremente, sin vigilancia alguna, el beneficio de salida dominical concedido por Gendarmería. Ello, pese a que el 2013 atacaron con armas e incendiaron la vivienda de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay provocándoles una horrible muerte. Fueron condenados a 18 años de cárcel, pena que cumplen después de haber estado prófugos durante meses y luego de deponer una huelga de hambre; conductas que contravienen expresamente la normativa sobre beneficios carcelarios, lo que hace reprobable la decisión de Gendarmería.

Pero lo que ahora el gobierno hace mañosamente, torciendo la institucionalidad, será legítimo si se aprueba la nueva Constitución que escribe la Convención, ya que allí se garantiza el derecho al autogobierno de los pueblos originarios, con sistemas de justicia independientes y no sujetos a la jurisdicción de la Corte Suprema.

Porque, aunque usted no lo crea, la Convención ya aprobó declarar a Chile un Estado Plurinacional, consagrando por ahora como naciones a la mapuche, la aymara, la rapa nui, la licanantay, la quechua, la colla, la diaguita, la chango, la kawashkar, la yagán, la selk’nam y la de Chile. Los pueblos indígenas, que representan menos del 12% de la población del país, tendrían autogobierno, derecho a escaños reservados en todos los cuerpos elegidos, y privilegios en relación a la propiedad de las tierras.

O sea, Chile ya no será una nación, sino doce, por ahora. Se ignora si al menos una de esas naciones tiene o no algún nacional y varias de ellas cuentan con poblaciones de pocos cientos o miles de personas. El 88% restante de los chilenos tendremos menos derechos políticos, pues los escaños reservados les darán mayor representación a ellos; también menos derechos en general, pues la Constitución y los sistemas de justicia independientes de los pueblos indígenas les darán privilegios en materia de derecho de propiedad (ilimitada sobre “territorios que han ocupado”) y acceso a recursos públicos.

Eso es por supuesto un absurdo mayor. No hay doce naciones en Chile sino una sola, pese a lo que una mayoría de convencionales extraviados pueda escribir en un papel. Si se aprobara este proyecto, alentaríamos aventuras independentistas, como han señalado destacados historiadores e intelectuales. La indefinición de la convivencia entre distintas autonomías regionales, comunales y de pueblos originarios haría el país ingobernable y debilitaría el ejercicio de libertades de culto, de expresión, de asociación y de propiedad.

Hace años, el Murci Rojas, un popular futbolista chileno, fue objeto de burlas por decir que tenía una oferta del extranjero, y aunque no podía revelar dónde, aseguró que se trataba de un país brasilero. Si se aprueba el adefesio que se construye en la Convención, todos seremos Murci Rojas.

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