Un cuantioso paquete de ayuda, pero que llega tarde

La reciente propuesta del gobierno para ir en ayuda de las familias y Pymes es cuantiosa y dimensiona bien el problema social. La interrogante es por qué se dilató tanto, lo que habría ahorrado incurrir en altos costos políticos y daños a la institucionalidad.



El Presidente de la República presentó finalmente al país un paquete de cuantiosa ayuda fiscal destinada a fortalecer y ampliar el ingreso familiar de emergencia, así como una serie de ayudas concretas a las pequeñas y medianas empresas, todo ello en el marco de los acuerdos de “mínimos comunes” que están negociando el oficialismo y la oposición. Tanto los partidos de Chile Vamos así como las fuerzas de oposición ya habían entregado sus respectivas propuestas, por lo que era indispensable conocer el planteamiento que haría La Moneda.

Los anuncios del Jefe de Estado suponen la inyección de cuantiosos recursos frescos en las familias y pequeñas empresas. El hecho de que se proponga un IFE que abarque al 100% del Registro Social de Hogares (RSH) por tres meses -el cual beneficiará a casi 15 millones de personas, quedando excluidos solo los hogares pertenecientes al 10% de mayores ingresos-, y que el monto de lo que se pagará sea el equivalente a la línea de la pobreza, son avances muy significativos respecto de la forma como hasta ahora se venían estructurando las ayudas sociales, con montos menores y abarcando hasta el 80% del RSH. En su alocución en La Moneda, el Mandatario agradeció los aportes de todos los sectores, incluidos los de la oposición.

La presidenta del Senado -que ha liderado las negociaciones de la oposición con el Ejecutivo en los “mínimos comunes”- tachó inicialmente estas propuestas de “insuficientes y débiles”, acusando que la autoridad sigue sin entender la dimensión del problema. Sus dichos tensionaron innecesariamente el ambiente, y le valieron como respuesta por parte del gobierno que ahora estaba actuando más como candidata presidencial antes que como líder de la Cámara Alta, distanciándose de la actitud conciliadora que había mostrado previamente, y que le valió un fuerte repunte en las encuestas. La parlamentaria posteriormente moderó sus apreciaciones, reconociendo que la nueva propuesta del gobierno es mejor que lo que había -sin perjuicio de estimar que las ayudas a las Pymes siguen siendo insuficientes-, comprometiendo una rápida tramitación de los proyectos de ley respectivos.

El Presidente de la República parece al fin llegar con una propuesta que encuentra suficiente sustento político dentro de sus propias filas y que debería permitir también puntos de encuentro con la oposición, con una adecuada dimensión del problema social. Sin embargo, y pese a lo cuantioso del plan propuesto, este paso una vez más llega tarde, confirmando el déficit político que ha cruzado a lo largo de toda esta gestión.

El esfuerzo fiscal que supondrá este plan alcanza los US$ 10 mil millones, cifra que está acorde a la magnitud de la crisis. Cuesta comprender por qué el Mandatario y el Ministerio de Hacienda dilataron tanto llegar a esta solución, y lo hacen cuando los costos de esta tardanza ya han provocado graves efectos políticos y daños sobre la institucionalidad. Si un plan de ayuda de estas características hubiese sido implementado mucho antes, es posible que restara fuerza a los retiros desde los fondos de pensiones -que han terminado afectando las futuras jubilaciones de millones de trabajadores-, y el Ejecutivo se hubiese ahorrado tener que recurrir al Tribunal Constitucional, instancia en la que perdió rotundamente, tanto por las deficiencias en el escrito que presentó para frenar el tercer retiro, como por los desconcertantes cambios de criterio del propio tribunal. No cabe descartar que la dilación y zigzagueos en la entrega de ayuda contribuyan también a explicar por qué los partidos del oficialismo experimentaron una dura derrota en los recientes comicios, la peor en décadas, quedando el sector muy reducido en la Convención Constitucional y con menos chances de ganar un nuevo mandato presidencial.

Son reiterados los casos en que el gobierno ha llegado tarde con las soluciones o ha impulsado iniciativas prescindiendo del concurso de su propia coalición, todo lo cual se ha traducido en altos costos políticos y serios problemas para asegurar la gobernabilidad. Cabe esperar que estas lecciones ya se encuentren suficientemente internalizadas para lo que resta de esta administración.

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