Un patrón preocupante

Esta semana, y tras un dictamen de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Educación se vio obligado a retroceder en su decisión de negar la gratuidad a los estudiantes de la Universidad Central. Este caso –ya resuelto, pues el Mineduc ya inició el proceso para dar ingreso a la gratuidad a estos estudiantes– requiere ser estudiado.

Las autoridades del Ministerio de Educación actual comenzaron su gestión alineándose a lo establecido en el programa de gobierno: el Estado debe hacerse cargo preferentemente de sus universidades. Esto no es nuevo, ni necesariamente malo. Pero dicho discurso tomó carices distintos al alero de la fracasada Convención Constitucional, cuando esta comenzaba a materializar sus propuestas. La idea de promover la responsabilidad del Estado para con sus instituciones se plegó al dogma de que la única forma de mejorar la educación pública es afectando o desmejorando la posición de la educación privada. Para llevar a cabo esto, se propusieron tres medidas: posicionar a la educación estatal jerárquicamente sobre el resto del sistema, quitarle a la educación privada su financiamiento público y limitar la libertad de elección de familias y estudiantes para elegir la educación privada.

Es en este marco en que varias universidades privadas solicitaron acceso al financiamiento estatal que otorga gratuidad para sus estudiantes, siguiendo el procedimiento y condiciones que establece la ley de educación superior tramitada y aprobada durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Pero en el caso de esta universidad, la solicitud fue rechazada, aludiendo a que no cumplía, en el margen con el requisito de que al menos 80% de sus estudiantes de primer año tuvieran más de 450 puntos. No estamos hablando de cuestionamientos a su acreditación o a su estabilidad financiera, que son temas centrales que la institución solicitante cumplía. Como queda claro en las resoluciones, la universidad apeló, rectificando los datos y demostrando que cumplía con ese y todos los requisitos.

Según queda claro en la resolución de la Contraloría, el Ministerio de Educación no solo se negó a considerar las rectificaciones, sino que también falló en validar y procesar los datos públicos que son de su responsabilidad. En consecuencia, el órgano contralor revirtió la decisión del Mineduc de rechazar la gratuidad, y estableció que la institución si cumple los requisitos.

Ante esto, una autoridad eficiente y responsable habría actuado con la mayor celeridad, con el objetivo de que los estudiantes de la universidad perjudicada por sus propios errores pudieran acceder a la gratuidad. Pero la respuesta tardó lo suficiente como para dejar pasar la entrega de resultados de la PAES y las postulaciones, sin que los estudiantes pudieran saber si podrán acceder al beneficio en esa casa de estudios. Es de sentido común que, al momento de elegir su carrera e institución de estudios, el financiamiento es una variable muy relevante. Pero estos estudiantes no contaron con esa claridad y, ante la incertidumbre, eligieron otras instituciones. ¿Se podría cuantificar el daño hecho a la institución y a sus alumnos por un error y la consecuente desidia de la autoridad? Recordemos además que no son jóvenes privilegiados; pertenecen al 60% más vulnerable del país.

No podrán saberse las razones que motivaron al Ministerio a actuar de esta manera. La responsabilidad cívica llama a asumir buena fe, y que se trata de desprolijidades. Sin embargo, surgen patrones preocupantes. Si el espíritu es que el mayor número de estudiantes vulnerables accedan gratuitamente a la educación superior, ¿por qué el Ministerio no colaboró con la institución para resolver detalles menores? Si la Contraloría demostró que el Ministerio actuó ilegalmente, ¿por qué no actuar rápidamente para que, durante la postulación, los estudiantes supieran que entraban a una institución gratuita? ¿Por qué el Ministerio persistió siete meses en un error que le tomó apenas un mes a la Contraloría resolver? Si se espera que esto mejore la educación pública, no es un buen camino.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar