Un plebiscito perfectamente inútil

Enfrentados a una pandemia que nos ha recordado la fragilidad humana, los chilenos tenemos hoy la obligación de distinguir lo principal de lo secundario. No podemos extraviarnos respecto de las prioridades colectivas. Nos esperan tiempos muy difíciles, y solo nos sirve fortalecer el espíritu de comunidad y actuar solidariamente.

Nuestra sociedad estará muy necesitada de seguridad y protección. Por lo tanto, es indispensable reducir los factores de incertidumbre, que ya son demasiados. Habrá que incrementar los recursos y las capacidades del sistema de salud, apoyar a las familias que serán golpeadas por el desempleo, respaldar a las pequeñas y medianas empresas, pero también a las grandes cuya quiebra debe evitarse, en fin, atender muchas exigencias que demandarán un esfuerzo colosal del Estado. El sector privado deberá empeñarse en reanimar la economía y ayudar a amortiguar el impacto social de la crisis. Sería valioso que las grandes fortunas hicieran aportes directos para aliviar las necesidades de los sectores más pobres.

En este cuadro, se requiere que las fuerzas políticas trasciendan el espíritu de trinchera y pongan en primer lugar la defensa del bien común. No hay lugar para la mezquindad ni los gestos para la galería. Es vital el reforzamiento de la estabilidad y la gobernabilidad, lo que supone buscar acuerdos sobre las cosas esenciales.

La postergación del plebiscito significa que el proceso constituyente no concluirá en el actual período presidencial, como era el propósito. Si se aprobara el cambio constitucional en octubre y se eligieran convencionales en abril del próximo año, la convención encargada de redactar una nueva Constitución terminaría su mandato en enero o febrero de 2022, y faltaría todavía programar el plebiscito de salida. Pues bien, a esas alturas ya estarán elegidos el nuevo Presidente de la República y los nuevos parlamentarios, naturalmente en conformidad a las normas de la actual Constitución. No puede haber malentendidos. Cualquier interpretación torcida sobre los procedimientos puede ser desastrosa para nuestra convivencia.

Como es obvio, el Mandatario que elegiremos en noviembre/diciembre del próximo año asumirá con todas las competencias que le otorga la Constitución vigente. ¿Alguien cree que él aceptará firmar un texto en cuya elaboración no tuvo arte ni parte? Además, ¿por qué creer que los futuros senadores y diputados van a regalar sus facultades en materia constitucional tan fácilmente como lo hicieron los actuales? El Presidente y el Congreso que asumirán en marzo de 2022 serán el poder real. Habrá que escuchar lo que propongan sobre las bases de la institucionalidad.

Chile no debe perder el tiempo ni malgastar recursos en un proceso que perdió sentido. Son otras las urgencias. Tenemos que hacer bien las cosas hoy para proteger a la población y superar las dificultades de todo tipo que tenemos al frente.