Un retroceso preocupante en libertad económica

La semana pasada se publicó el Índice de Libertad Económica elaborado por Heritage Foundation. Este indicador evalúa las políticas económicas de 178 países, las que son calificadas en torno a cuatro aspectos: estado de derecho, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de los mercados.

En la última versión, Chile aparece en el lugar 19, retrocediendo cuatro posiciones desde la medición pasada. Nuestro país también reduce su puntaje en el valor del índice (de 76,8 a 75,2). Es preocupante la caída progresiva que ha mostrado la economía local en materia de libertad económica. Pese a continuar a la cabeza de América Latina -seguido por Uruguay, en el lugar 44-, estamos muy lejos del séptimo puesto alcanzado en el año 2013.

¿Qué explica la caída en el ranking este año? El informe señala que el aumento experimentado por el “tamaño del gobierno” es uno de los principales aspectos que explican el retroceso en materia de libertad económica. El gasto público ha subido progresivamente en los últimos años y sucesivas reformas tributarias han incrementado los impuestos a las empresas y las personas. Estos elementos -sumados a la alta incertidumbre que existe en el ámbito político- han afectado fuertemente a la inversión.

Entre los elementos centrales que explican la incertidumbre en materia política -y que han afectado la medición del índice de libertad económica- está el proceso constituyente. El informe advierte que las presiones por mayor gasto público que podrían derivar del reconocimiento constitucional de derechos sociales tendrán impactos en el tamaño del gobierno y, por consiguiente, en nuevas caídas en materia de libertad económica.

Otro aspecto que registra retroceso en el último año es la libertad laboral -medida en el ámbito de la eficiencia regulatoria-, que es, además, uno de los elementos que menor puntaje recibe (62,5). El marco regulatorio en materia laboral que tiene nuestra economía es de alta rigidez, con una concepción anacrónica de las relaciones laborales. Urge avanzar en mayores niveles de flexibilidad para permitir un desarrollo del mercado laboral que sintonice con la cuarta revolución industrial.

Tanto estas como otras mediciones, reflejan que el diseño de las políticas públicas de los últimos años ha carecido de rigor técnico y ha ido debilitando progresivamente la competitividad de la economía chilena. Las nuevas regulaciones han desalentado la inversión y han encarecido la generación de empleos formales. Esto ha quedado plasmado en un crecimiento mediocre que depende de factores externos para acercarse en algo a los niveles del pasado. El nuevo proceso constituyente debe servir como oportunidad para crear un marco moderno para la discusión de políticas públicas, que privilegie los criterios técnicos y minimice las posiciones ideológicas sin sustento empírico. Los efectos de cada proyecto de ley en materia de productividad, gasto público y competencia deben ser definidos por entidades autónomas que retroalimenten el debate legislativo.