Una decisión cuestionable

Entre los principios esenciales de la política exterior de Chile está su compromiso con el multilateralismo. La no participación de Chile en la cita de Marruecos sobre el 'Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular' no se ajusta a este principio. La vocería sobre esta decisión la ha tenido el Ministerio del Interior, lo que permite entender que han sido otras las razones y no las de política exterior las que se han tenido en cuenta para tomar la determinación.

Esta medida ha trascendido justo un día antes que se cumplan 70 años de adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dio una nueva dimensión al compromiso de los Estados con la protección de estos derechos, siendo Chile uno de los promotores de tal declaración. Quedará indeleble la afirmación de una de las más altas autoridades de nuestro gobierno en el sentido que migrar no es un derecho humano.

La autoridad responsable de tal afirmación no ha reparado en el hecho que normalmente las personas tratan de permanecer en sus países de origen y que la búsqueda de otros horizontes, la mayor de las veces se debe a situaciones que están vinculadas a encontrar resguardo de derechos fundamentales de orden político, civil, humanitario, económico o social. Vale decir, riesgos específicos a la vida, integridad física o subsistencia.

La evaluación del gobierno, según trascendidos de prensa, estarían ligados a cinco de los 23 objetivos del Pacto indicado, los cuales serían: aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las rutas para la migración regular; abordar y reducir las vulnerabilidades de la migración; proporcionar a los migrantes servicios básicos; eliminar todas las formas de discriminación y promover el discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración y colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad así como la reintegración sostenible. Vale decir, todos aspectos que se fundan en una base solidaria entre los Estados en beneficio de su razón de ser y finalidad última que deben ser los seres humanos, sobre la base de principios básicos como la igualdad ante la ley, no discriminación y evitar la estigmatización de los migrantes.

Basta ver la lista de gobiernos, pocos felizmente, que siguen una reacción similar a la del gobierno de Chile frente al esfuerzo que está haciendo Naciones Unidas en materia migratoria, para concluir que se ha sumado a la posición más rígida y combativa en la materia. Es lamentable, porque Chile durante sus gobiernos democráticos siempre ha estado a la vanguardia de la protección de los derechos de las personas promoviendo la solidaridad entre los pueblos, alejándose de individualismos que pueden dar réditos políticos coyunturales, pero que son perjudiciales mirando en perspectiva y velando por el prestigio internacional del país. Más aún, cuando la organización internacional está intentando llenar vacíos normativos ante una realidad paradojal del mundo globalizado en el cual se ha avanzado significativamente para establecer criterios compartidos para flujos de bienes, capitales y servicios –mediante acuerdos multilaterales y bilaterales- y no existen avances significativos en lo referente al flujo de las personas.