Una defensa integral de los derechos humanos

En las últimas semanas han trascendido las profundas diferencias que cruzan al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tanto en la forma de calificar la situación de los DD.HH. en el país post 18 de octubre -en particular si se han verificado violaciones sistemáticas, en lo que parece no haber consenso- así como si se podría considerar que los civiles también pueden violar los derechos humanos, a la luz del vandalismo que se ha visto en los últimos meses, así como por las agresiones de que han sido víctimas carabineros.

El director subrogante del Instituto -de sensibilidad de centroderecha- opinó que las manifestaciones violentas dejan de ser legítimas, y también calificó las "funas" como un acto "fascista", si bien descartó que el organismo pretenda cambiar el criterio y busque querellarse contra las agresiones que sufra el personal policial, aclarando que el Consejo rechaza todo acto de violencia entre las personas.

No cabe duda que una de las conquistas centrales del siglo XX ha sido el reconocimiento y protección de los derechos humanos no solo como una garantía universal, brindando protección a través de un nutrido marco jurídico internacional. A toda la sociedad le debe interesar que esta protección sea eficaz, y es evidente que siendo el Estado la entidad que concentra el monopolio de la fuerza así como de la justicia, garante de la institucionalidad, cada vez que uno de sus agentes agrede o pasa a llevar garantías fundamentales la naturaleza de dicho acto es una violación de los derechos humanos.

La acción del Estado contra civiles marca una clara frontera entre el campo de los delitos comunes de lo que se entiende como una violación de los derechos humanos. Tal definición no debe ser relativizada o puesta en entredicho, en especial a la luz del historial de masacres o vejaciones que podemos encontrar en la historia universal reciente. Pero a la luz de las dinámicas que hoy se observan en la sociedad moderna -cada vez más compleja y con preocupantes signos de intolerancia- es pertinente interrogarse si el ámbito de protección de los derechos humanos debe seguir confinado a denunciar las tropelías cometidas por agentes del Estado.

Cuando en nuestra sociedad vemos grupos que deciden concertarse con la finalidad de intimidar a personas a través de "funas" violentas -restringiendo con ello su libertad de expresión y desde luego sumiéndolas en el temor de ser objeto de una agresión física-, para restringir el derecho a la libre circulación mediante coacciones como "el que baila pasa" o se recurre a la quema de instituciones como método de intimidación, es evidente que allí también hay una violación a las garantías fundamentales, excediendo el marco de un hecho puramente delictual.

El Estado y sus instituciones no deberían renunciar de antemano a perseguir con energía todo aquel hecho que violente los derechos fundamentales de las personas, independientemente de quién sea el hechor, porque ello es inherente a su función.

Tras los hechos del 18 de octubre, el debate nacional inevitablemente se ha tensionado -incluso hasta niveles peligrosos para la democracia-, y las divisiones al interior del INDH no son sino reflejo de ello. Pero el surgimiento de voces "disidentes" en su interior no debe ser visto como una amenaza para su quehacer, sino como una valiosa oportunidad para legitimar mucho más el rol del INDH. Una inhibición de su parte para abrirse a examinar la posibilidad de ampliar su actual marco de acción -que si bien le impide conocer conflictos entre particulares, su misión es explícita en cuanto proteger la dignidad de todas las personas- parecería inexplicable ante la ciudadanía.