Por una mayor seguridad de todos

El avance de las nuevas tecnologías y, en particular, de aquellas que son utilizadas para el transporte de pasajeros, ha generado un escenario que requiere el establecimiento de un marco regulatorio que garantice la seguridad de los usuarios y la existencia de reglas que favorezcan una sana competencia y convivencia de los modos de transporte.

Así lo han entendido los parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado que, por amplia mayoría, han aprobado en general el proyecto de ley que regula el funcionamiento de las plataformas, acogiendo el sentido de urgencia y la necesidad de mejorar la calidad y seguridad de viaje de millones de personas, establecer igualdad de condiciones para todos los involucrados, incorporar las nuevas tecnologías disponibles y profesionalizar el sector con mayores exigencias.

Nuestro país enfrenta hoy una oportunidad única de avanzar en seguridad vial, un área en la que aún nos resta mucho espacio por fortalecer: Chile aún se ubica dentro de los países OCDE con mayores tasas de fallecidos por esta causa. Cada año mueren más de 1.500 personas en siniestros de tránsito, una cifra que, pese a los avances legales en materia de seguridad vial (tales como las leyes Tolerancia Cero y Emilia, o la que establece la obligación de los sistemas de retención infantil), se ha estabilizado y no baja.

Para revertir esta dura estadística, que involucra 1.500 familias e historias de vida, resulta imperativo impulsar exigencias que regularicen las condiciones en que operan las aplicaciones de transportes, a las que se les exigirá constituirse como empresas en Chile y, por tanto, pagar impuestos y ser responsables del servicio que entregan.

Un elemento primordial es la exigencia de licencia profesional para sus conductores, pues conlleva un sentido de responsabilidad, acreditación de competencias y calidad de atención. ¿Qué razón justificaría exigir licencia profesional al conductor de un bus o un taxi y no al conductor de un vehículo suscrito a una aplicación de transporte? ¿Es transable la seguridad de un pasajero que viaja a bordo de un auto gestionado a través de una app versus la de un usuario que lo hace en un medio "tradicional"?

Comprendemos el legítimo interés tanto de los taxistas como de las empresas de aplicaciones en resguardar el interés de su negocio. Sin embargo, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le corresponde el rol de velar por la seguridad de las personas y la calidad de los servicios de movilidad.

Mejorar la seguridad vial es una tarea indispensable y, por eso, proponer la exigencia de la licencia profesional, como también condiciones adecuadas de los vehículos, constituye un nivel de protección que garantiza la experiencia en la conducción.

En lugar de oponerse a este requerimiento, sería esperable que las empresas proveedoras de servicios se prepararan para contar con conductores debidamente entrenados.

Esperamos que durante la tramitación de este proyecto en el Congreso, el espacio convocante y republicano, los diversos actores realicen sus planteamientos y que, en el corto plazo, dispongamos de un marco legal adecuado que brinde equilibrio y sana competencia al sector, siempre priorizando la calidad de servicio.

Nuestro deber como gobierno es defender el interés de todas las personas y generar las condiciones para que los usuarios tengan la posibilidad de elegir entre alternativas de viaje, y que el uso de medios digitales ayude a que, tanto esa elección como el propio desplazamiento, se realicen de manera segura.