Una necesaria señal de ajuste en el gasto

La reducción de más de 20% en el gasto propuesto por el gobierno para 2022 es políticamente compleja, pero es una señal de que el ajuste no puede seguir siendo postergado, por el daño que ya se está produciendo.



Luego que el gasto fiscal en 2021 creciera en el equivalente al 10% del PIB respecto de lo que establecía la Ley de Presupuestos para el año, llevando el déficit estructural a 11,5% del PIB, el Ejecutivo ha dado a conocer un proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 que considera un recorte de gasto de alrededor de 22% respecto del nivel efectivo experimentado en 2021 -lo que se traduce en una caída de casi US$ 20 mil millones-, un ejercicio complejo, de cuyo éxito depende que la confianza en el futuro de la economía vaya restableciéndose.

Posiblemente la incertidumbre vaya a subsistir tras esta propuesta presupuestaria, pues, más allá de la explosión de gasto fiscal por la pandemia, también ha estado afectando las confianzas la visión ciudadana que busca incrementar drástica y permanentemente el volumen de recursos que el Estado pueda canalizar a segmentos poblacionales muy extendidos -para mejorar su acceso a seguridad social, salud, educación etc.- pero que no acompaña esta voluntad de gasto con una definición viable sobre cómo se va a financiar. Aumentar la tributación de sectores de ingresos medios y relativamente bajos, que hasta ahora han estado fuera del rango de ingresos en que se aplican los impuestos directos, parece políticamente inviable. Y aumentar la carga tributaria que afecta al capital, sabidamente, detiene la inversión y el crecimiento, con consecuencias que se quisiera evitar.

Pese a sus complejidades, era necesario que el gobierno enviara una señal más clara en cuanto que el aumento de gasto había tomado una trayectoria insostenible, y por lo tanto la necesidad de que ello se tradujera en una propuesta concreta que apuntara a comenzar a revertir esta senda. Las señales de sobrecalentamiento de la economía, el aumento de los costos a los que el país puede financiarse emitiendo deuda en los mercados -producto de un gradual deterioro en el riesgo país- y el sostenido aumento en los niveles de la deuda pública configuran un cuadro del que ya no resulta posible desentenderse. El aumento coyuntural que ha experimentado el precio del cobre, así como las mejores cifras de crecimiento -en buena medida impulsadas por estímulos fiscales sin precedentes, así como por los retiros masivos de fondos desde las AFP- han creado a ojos de algunos una suerte de holgura que da espacio para seguir con altos niveles de gasto. El marco presupuestario propuesto para 2022 permite aterrizar las expectativas, transmitiendo la urgencia de que el problema no puede seguir postergándose y debe empezar a ser corregido desde ya.

Parece un hecho que la fuerte reducción del gasto generará fuertes resistencias políticas; desde luego, no todos aceptan la idea de que sea el actual gobierno el que restrinja los gastos de la administración que viene, entregándole escaso margen de maniobra. También es un hecho que la presión por mayores gastos está lejos de detenerse, pues si bien lo esperable es que la cuantía de las ayudas sociales de emergencia vayan disminuyendo, en el debate constituyente así como en las propuestas de la mayoría de las candidaturas presidenciales no parecen estar contemplándose ningún esfuerzo especial de contención o de aterrizar las expectativas de la población, alimentando en cambio la noción de que cada una de las demandas podrá ser satisfecha sin necesidad de ajuste alguno. Se apuesta a que un fuerte aumento en la carga tributaria de empresas y personas logrará financiar este mayor gasto, pero ello, además de voluntarista, desatiende los efectos que ello pueda tener en el crecimiento.

Una alta prioridad a estas dos consideraciones, la necesidad de contener el déficit fiscal y la preocupación por el impacto sobre el crecimiento y el empleo de los impuestos, deberán guiar la gestión fiscal en los años que vienen. La alternativa es que crezca la expectativa, altamente desestabilizadora, de un desequilibrio fiscal larvado, estructural, donde la deuda fiscal seguirá creciendo, porque se crean gastos sin que se concreten propuestas de reducción de otras partidas ni vías de financiamiento plausibles. La discusión presupuestaria debería ser el punto de partida para esta discusión, donde será posible apreciar si la política será capaz de estar a la altura del desafío.

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