A raíz de la pandemia se abrió un debate en el país sobre la posibilidad de introducir mecanismos para permitir que aquellos electores imposibilitados de concurrir a votar el día de las elecciones lo pudieran hacer por vías alternativas. Para estos efectos, en la Cámara Baja se aprobó en general un proyecto que habilita el voto anticipado, destinado a adultos mayores, personas que tengan problemas de diversidad funcional, aquellos que se encuentren en cuarentena por motivos de salud, grupos de riesgo y personas privadas de libertad. Pese a que se trata de una moción refundida que además contemplaba el voto postal -también pensando en este caso para personas con dificultades para concurrir a sufragar-, esta opción se dejó de lado, por falta de apoyo. El proyecto aprobado contempla que el voto seguirá siendo presencial, solo que en mesas que se abrirán en principio una semana antes de los comicios.
Pese al avance que representa la iniciativa, llama la atención que las soluciones se estén concentrando solo en determinados casos, y no en alternativas que comprendan a todos aquellos que se vean impedidos de ir a votar, por cualquier motivo, lo que por cierto incluye los segmentos a los que apunta la actual reforma. Parece algo limitado entonces centrar los esfuerzos en medidas costosas y que benefician solo a algunos, cuando el objetivo debiera ser evaluar fórmulas que resulten más eficientes para el conjunto de la población y que a la vez permitan modernizar nuestro sistema electoral.
El voto adelantado es desde luego una de las alternativas más efectivas, y que ya se utiliza en algunas de las democracias más desarrolladas. La reforma hace bien en introducir esta modalidad, pero su alcance debería ser más ambicioso. Ya que la propuesta contempla la habilitación anticipada de centros de sufragios, en ellos deberían poder votar todos quienes no podrán hacerlo el día de la elección, para lo cual deberían inscribirse con antelación en un padrón especial o informar de ello al Servicio Electoral para requerir la autorización respectiva.
Además de los mismos locales de votación, municipios y otra infraestructura pública que podría utilizarse para estos efectos, hay otras fórmulas como los puestos móviles para el pago de los permisos de circulación, los que tienen la ventaja de que geográficamente podrían estar más cerca de los electores que lo requieran. Todo ello también podría complementarse con sistemas de urnas móviles, a fin de atender a segmentos específicos que estén impedidos de poder desplazarse. Algunas de estas medidas ya están siendo objeto de evaluación, por lo que su puesta en práctica no debería resultar compleja.
Extrañamente la reforma dejó de lado sin más el voto postal -otra de las formas más comunes de voto anticipado-, en circunstancias que podría haber sido la oportunidad propicia para abrir un debate en profundidad sobre esta alternativa, porque desde luego esta opción puede estar disponible para toda la ciudadanía.
Esta alternativa carga con el estigma de que puede facilitar la comisión de un fraude, y sobre todo, la imposibilidad de asegurar el secreto del voto, abriendo espacio para la compra de votos. Aunque naturalmente en la experiencia internacional se han reportado anomalías, la evidencia no parece sugerir que en aquellos lugares donde se puede votar por correo -al menos en los países más desarrollados- existan graves problemas asociados a esta modalidad. Estados Unidos es probablemente el lugar más paradigmático del voto postal -para los recientes comicios presidenciales más de 60 millones de norteamericanos adelantaron su voto por esta vía-, y pese a los infundados esfuerzos del derrotado Presidente Donald Trump por enlodar el proceso, acusando fraude, nada de ello se logró comprobar. En Alemania, en torno a un tercio de los votantes opta por esta modalidad en las elecciones federales, mientras que en Reino Unido también ha sido de amplia utilización. Varios otros países cuentan también con esta modalidad, pero en general la restringen para ciertos grupos. Si bien su logística es compleja -asegurar la custodia de los votos, cerciorarse de que no haya doble voto, entre otros-, no hay razón para que el Congreso renuncie a evaluar los pro y contra de esta alternativa.
Qué duda cabe que uno de los grandes activos que posee nuestro país es la confiabilidad de su sistema electoral. El voto presencial, con lápiz y papel, no ha sido impedimento para una admirable rapidez en los cómputos, y facilita una exhaustiva fiscalización, al punto que las denuncias de fraude o disputa en torno a los resultados son inexistentes, lo que es muy saludable para la democracia. Pero ello no debería ser un freno para llevar a cabo modernizaciones muy necesarias, en beneficio de todos los votantes.
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