Una señal posible

Una democracia representativa se construye sobre la base de elecciones en que se selecciona a quienes tomarán decisiones a nombre del pueblo. Por ello, históricamente las democracias han debatido cuál es la retribución adecuada para quienes asumen esta función. A pesar de la universalidad del problema, no hay recetas únicas ni respuestas obvias. Se ha evolucionado desde una situación en que, en ausencia de una remuneración, sólo los ricos podían dedicar parte de su tiempo a la representación, a una donde cada vez más países pagan remuneraciones relativamente altas y financian la actividad política para que esa función pueda ser ejercida por cualquier ciudadana/o. Someter a escrutinio el tipo y monto de las remuneraciones de representantes electos es por tanto no sólo legítimo, sino consustancial a la construcción de las democracias en un mundo moderno.

Para definir qué retribución monetaria es la adecuada para un legislador en Chile se debe definir los objetivos que se persiguen y los parámetros con los que se le quiere comparar. Así, por ejemplo, se debe resguardar que cualquier persona pueda sostener a su familia de manera adecuada con dicha remuneración, considerando entonces si la función legislativa es de dedicación exclusiva o no; como sí lo es la de ministros a la cual fue equiparada en la Constitución. Esto no es lo mismo que decir que los sueldos de parlamentarios deben ser altos para atraer personas calificadas a dicha esfera. Dicho razonamiento puede ser equivoco y peligroso si se busca fortalecer la representación democrática. Una elección legislativa no es el sistema de Alta Dirección Pública donde las remuneraciones sirven para atraer a quienes podrían estar en cargos equivalentes en el sector privado. Para llegar al Congreso no es necesario contar con un posgrado sino con una trayectoria de liderazgo político y social conectada con intereses existentes en la sociedad, con el apoyo de un partido o coalición y con vocación de servicio público.

Por su parte, si se compara la dieta parlamentaria actual con sueldos de otras altas autoridades del Estado no se evidencian diferencias significativas (Fiscal Nacional, Consejeros del Banco Central por ejemplo). Sin embargo, existe una distancia significativa cuando se compara con los niveles de sueldo en el país independientemente del indicador que se utilice.

El PNUD en Chile elaboró un informe a comienzos del 2016 analizando 26 países para los cuales existía información completa sobre sus cámaras bajas. El estudio mostraba, además, que las dietas en Chile eran las más altas entre los 26 países analizados y superaban en 4,7 veces el promedio mundial informado por la Unión Interparlamentaria. Al comparar las dietas como proporción del producto interno bruto per cápita de cada país, encontramos que en 2015 en Chile el ingreso de un parlamentario equivalía a 13 veces el PIB per cápita, sólo superado en nuestra muestra por Lesoto, Nicaragua, Colombia e India (con diferencias entre 17 y 32 veces). La cifra era de 5,3 veces el PIB per cápita en Italia, 3,2 veces en EEUU, entre 2,6 y 3 veces en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. La distancia entre las remuneraciones de los legisladores y el salario promedio o el sueldo mínimo siguen una tendencia similar.

Disminuir las remuneraciones de legisladores ciertamente no resolverá los problemas de desigualdad de ingresos en el país, pero puede ser una medida acertada no sólo en términos políticos, sino también técnicos. Más allá de entregar una señal a la ciudadanía para buscar disminuir la distancia entre los electores y sus representantes, no es evidente qué razones de política pública o eficiencia legislativa justifican las diferencias actuales entre las remuneraciones de parlamentarios chilenos y las de sus pares en otras democracias avanzadas. Promover una reducción resguardando la dignidad e importancia de la función legislativa es posible si se enfrenta con seriedad y buscando avanzar en niveles de igualdad social y política.