Una victoria de dulce y agraz para el Ejecutivo

25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 ACTIVIDADES DURANTE SESION DE SALA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE



Después de numerosas jornadas en que el gobierno ha cosechado sucesivas derrotas políticas -sea por la permanente obstrucción de la oposición, o por el desbande al interior del propio oficialismo-, esta semana La Moneda logró finalmente anotarse un punto a su favor, al conseguir que el Senado aprobara el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo para el nuevo retiro de fondos de pensiones, y no la reforma constitucional aprobada por los diputados, al no lograr reunir en la Cámara Alta el quorum de tres quintos.

Era evidente que luego de que 48 diputados oficialistas votaran a favor la moción para otro rescate del 10%, sumándose a la oposición en el abierto desconocimiento de facultades constitucionales privativas del Presidente de la República en materia de gasto público y de seguridad social, el desfonde del gobierno era evidente, comprometiendo severamente la gobernabilidad en lo que resta de mandato. Es un hecho político significativo entonces que se haya optado por pasar a la ofensiva y lograr -al menos esta vez- ordenar a sus propios parlamentarios, así como convencer a parte de la oposición.

En este resultado parece haber jugado un rol clave la decisión del Ejecutivo de impugnar la reforma de los diputados ante el Tribunal Constitucional (TC), ofensiva que anunció sorpresivamente el domingo pasado. Aun cuando este paso ha sido duramente cuestionado por la oposición -y también por algunos sectores de Chile Vamos-, ha resultado fundamental en una doble dirección. Desde luego porque le hace perder fuerza a la reforma de la Cámara Baja, pues hasta que el TC no se pronuncie sobre el fondo -lo que podría tomar varias semanas-, no podrá ver la luz, demorando la entrega de los fondos a la ciudadanía.

Pero el asunto más central tiene que ver con el hecho de que resulta fundamental que el TC zanje los aspectos más medulares que subyacen a esta iniciativa, y que servirán como precedente para otras de similar naturaleza, donde el Congreso se ha tomado atribuciones que la Constitución no le confiere. En particular, si acaso es constitucional reformar aspectos permanentes de la carta fundamental mediante reformas transitorias -y que por lo general requieren quorum más bajos-, y si se vulnera la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, entre otros aspectos.

Pese al alto costo político que implica involucrar al TC en este debate, no es posible prescindir de esta instancia cuando se han producido diferencias abismales entre el Ejecutivo y el Congreso en la forma de interpretar los preceptos constitucionales, por lo que para efectos de velar por la estabilidad jurídica y fiscal del país, se hace imprescindible que el TC fije los criterios en estas materias. Las voces que alertan de que un fallo adverso del TC hacia la reforma de los diputados crearía un clima explosivo son profundamente irresponsables, porque con ello se hace un guiño a la violencia y el accionar fuera de las reglas de la institucionalidad, lo que desde luego acarrea enormes peligros para el país.

La presentación de un proyecto propio de 10% y el recurso ante el TC fueron por lo tanto decisivos para cambiar las cosas en la sala del Senado. Sin embargo, constituiría un grave error de apreciación suponer que este triunfo es algo definitivo, cuando en realidad es todavía parcial y deja aún numerosas interrogantes por despejar. Desde luego, porque mientras el TC no se pronuncie, sigue abierta la posibilidad de que el tribunal valide el proyecto de los diputados, lo que de ser así abriría frentes muy complejos para la estabilidad jurídica y el manejo de los fondos públicos.

Pero quizás lo más complejo de todo es que para llegar a este resultado también fue necesario que el Ejecutivo cediera en aspectos muy de fondo, en particular porque para neutralizar a los diputados se vio en la necesidad de presentar un proyecto que apunta en el mismo sentido de descapitalizar los fondos de pensiones, afectando irremediablemente el monto de las futuras jubilaciones. Ni siquiera es claro que exista piso político para que se apruebe el cobro de impuestos, como pretende el Ejecutivo, lo mínimo que cabría exigir si se trata de equidad social. Todo ello deja un sabor especialmente amargo, pues queda a la vista el profundo daño que se le está haciendo al país al permitir las pulsiones populistas.

En este contexto lograr que los legisladores de Chile Vamos vuelvan al redil resulta crítico; después de todo, si han podido campear las reformas que perforan el orden constitucional ha sido precisamente por los votos de parlamentarios oficialistas “descolgados”. Aun cuando en esta oportunidad el gobierno ha logrado disciplinar a sus legisladores, todavía queda abierta la duda de si hay aquí un punto de inflexión o de si los votos díscolos seguirán operando.

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