Universidades: el deber de adaptarse a la nueva realidad



Hasta el nivel del año 2012 podría retroceder nuestro PIB per cápita producto de la crisis económica derivada de la pandemia. Esto, según las últimas estimaciones del FMI que indican que el país sufrirá este año una caída de 6% del producto. La suspensión de actividades y las cuarentenas han traído como consecuencia una merma en la producción y generación de ingresos y una destrucción de puestos de trabajo que nos significarán un retroceso de 8 años.

Ello ha obligado a los hogares chilenos a ajustarse el cinturón y, en el contexto de la discusión del presupuesto del sector público para 2021, es importante que lo haga también el Estado. Así, para poder reforzar aquellas áreas que cobran mayor prioridad, como las transferencias a los más vulnerables, subsidios de empleo y nuevos apoyos a la clase media, se deberán rebajar otros gastos menos urgentes, así como reducir los espacios de ineficiencia y derroche. Pues de lo contrario, la plata no alcanza, incluso si siguiéramos sobregirando la pesada deuda que ya estamos legando a las futuras generaciones. A pesar de lo evidente que esto parece, en la práctica es muy difícil avanzar. Pues frente a cualquier cambio que se insinúe en esa dirección, de inmediato aparece la oposición de grupos de interés organizados que creen tener un derecho adquirido sobre los recursos públicos.

Un ejemplo de ello es lo que pasa en educación superior, donde junto con el alza en el financiamiento de la gratuidad, el gobierno propuso una disminución de algunos de los fondos y aportes directos para las universidades. Lo que, previsiblemente, ha traído duros reclamos, especialmente desde las instituciones estatales, que si bien atienden a apenas el 16% de los alumnos del sistema, hoy tienen acceso asegurado al 63% de los recursos públicos que se otorgan en virtud del financiamiento institucional de la educación superior (esto es, descontando ayudas estudiantiles como gratuidad y becas).

De acuerdo al último informe de Estadísticas de las Finanzas Públicas, el gasto público total entre 2012 y 2019 creció en 39%, mientras el gasto en educación superior lo hizo en 130% y en protección social en 19%. Ello da cuenta del desproporcionado énfasis que ha recibido este nivel educativo, lo que no se sostiene en una mayor necesidad, sino en la presión que desde ahí se ha ejercido y de la cual una mayoría de la clase política se ha hecho partícipe. Hoy que la contingencia económica lo exige, el Ministerio de Hacienda ha cuestionado esa tendencia, dejando de acatar sin más a los ruidosos y buscando priorizar lo más justo para un país que sufrirá el retroceso económico de casi una década en solo un año. Ha entendido que el sector público debe ajustarse el cinturón y que ello requerirá que lo hagan también aquellos que más se han beneficiado del crecimiento en el gasto de los últimos años. No se trata de una definición política, sino de adaptarse a la nueva realidad de un país más pobre y con nuevas urgencias, algo en lo que todos debiéramos concordar.

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