SEÑOR DIRECTOR
Ante la batahola que se ha producido a raíz del envío de sendos oficios que enviamos a las universidades de Chile y de Santiago, a fin de conocer respecto de los cursos sobre feminismo, género y diversidad sexual que imparten, así como los montos de estos, queremos reiterar que como diputados de la República es nuestro deber fiscalizar y conocer cómo se gastan los recursos públicos, todos y en cualquier instancia estatal.
En este caso, la forma en cómo se gastan dichos recursos, que son de todos los chilenos, en programas educativos no es la excepción, por lo cual, junto a mi colega Cristóbal Urruticoechea no entendemos las críticas de las que hemos sido objeto, excepto por un mero aprovechamiento político.
Por otro lado, queremos hacer hincapié en que hay un vasto número de estudiantes que no marchan, por lo que son dejados en segundo plano o, simplemente, olvidados por las casas de estudios superiores, como es el caso de aquellos que tienen necesidades educativas especiales.
Debemos preocuparnos por igualar la cancha para todo tipo de los estudiantes y en especial para aquellos con necesidades educativas especiales, que egresan de la educación secundaria con la ayuda del Programa de Integración Escolar (PIE), por ejemplo, porque ellos tienen capacidades extraordinarias y pueden aprender lo mismo que cualquier persona, solo que de forma diferente o a otro ritmo.
Ellos también debieran ser motivo de interés de las universidades, pues al igual que miles de estudiantes sueñan con un futuro, con una proyección en sus vidas, con metas y con logros. Y, por supuesto, sueñan con convertirse en un aporte en nuestra sociedad. Sin embargo, al momento de terminar cuarto año de enseñanza media todo este apoyo se esfuma.
Harry Jürgensen R.
Diputado
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.