Urgente actualización pero con participación

Creo que hay un acuerdo transversal de la urgencia e importancia de poner al día la actual legislación que rige al Consejo de Monumentos Nacionales, creada hace casi 95 años y actualizada ya hace otros 50, hoy completamente insuficiente para destacar y proteger nuestros bienes culturales, desconociendo además la diversidad de nuestros patrimonios, la contribución regional y el aporte que éstos hacen al desarrollo nacional.

La razonable expectativa de muchos, especialmente de la sociedad civil, académicos y especialistas, por aportar ideas durante la elaboración del proyecto en base a sus experiencias y competencias, incluido el propio actual Consejo de Monumentos Nacionales, se vio frustrada por el anuncio de que dicha participación quedaba relegada a la discusión que se daría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, a los pocos días de su ingreso, la Presidencia de la República aplicó suma urgencia a la tramitación, es decir 15 días, cerrando prácticamente toda posibilidad de indicaciones. En ese momento se alzaron muchas voces exigiendo su derogación y en caso contrario pedir a la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara su rechazo. La Presidencia rebajó la urgencia a simple (30 días), y finalmente levantó la medida.

Al abrirse el debate y animados a formular indicaciones, han surgido numerosas propuestas, bien inspiradas y constructivas, imposibles de recoger y desarrollar en estas breves líneas, sobre todo tratándose de materias complejas y controversiales. Intentemos enunciar algunas:

- Reforzar la íntima asociación entre patrimonio material e inmaterial, paisaje y territorio.

- Sobrerrepresentación del gobierno en los consejos de Patrimonio, nacional y regionales, ausencia de otros actores privados relevantes y pérdida de autonomía en su designación.

- El actual Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico, se transforma en un organismo público al servicio del gobierno de turno.

- El titular del Mincap puede anular o cambiar las declaratorias del Consejo Nacional del Patrimonio.

- El patrimonio arqueológico requiere considerar una coordinación estrecha con las leyes de Medio Ambiente, Indígena, Rapanui y protección subacuática.

- Regionalización a través de macrorregiones, evitando una excesiva burocratización, aumento de costos en las etapas iniciales y el peligro de no contar con las capacidades del caso en todas las regiones.

- Ampliar incentivos para todas las categorías, como por ejemplo, compensaciones constructivas.

- Mayor participación municipal.

- Las sanciones a infracciones se desvían a juzgados de policía local, los más atochados en la administración de justicia.

- Eliminar la participación del ministro de Justicia en los decretos de declaratorias de Sitios de Memoria.

Debe prestarse atención a estas observaciones, así como a muchísimas otras dignas de considerarse, que proceden de muy diversos actores relevantes del acontecer cultural y no solo del ámbito urbano-territorial.

Son muchos los inscritos por presentar sus puntos de vista en el Congreso y a todos debe darse la debida oportunidad en aras de una ley que recoja las legítimas expectativas por defender y realzar nuestra cultura nacional.