Uso legítimo de la fuerza



Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora CEP

Esta semana, un grupo de encapuchados con armamento de grueso calibre usurparon terrenos de la Reserva Nacional Malleco, un área silvestre protegida propiedad del Estado y, por ende, patrimonio natural de todos los chilenos. En un video que difundieron por las redes sociales, los usurpadores amenazan con enfrentarse a las fuerzas policiales en caso de que estas cumplan con su obligación constitucional de expulsarlos, restableciendo así el orden y velando por la máxima democrática de que nadie está por sobre la ley. Las palabras textuales del vocero del grupo son: “nos encontramos en el sector de Pemehue, donde se está haciendo un control territorial de parte de peñis y lamien, donde Conaf hizo una denuncia por usurpación y eso nos hace el llamado a nosotros, como resistencia, que entrará fuerza policial-militar al sector de nuestros peñis y lamien donde se encuentran y dejamos claro que estamos dispuestos a repeler todo acto violento de parte del Estado para salvaguardar a nuestros peñis y lamien. Dejamos claro que todo lo que pase y ocurra dentro de estos días será culpa de Conaf y del Estado chileno.”

De estas palabras se desprende una profunda transvaloración de los principios democráticos. El control territorial en una democracia, en particular de un área pública, corresponde al Estado y no a grupos de personas privadas. El acto de usurpación que comete este grupo es violento y no así la obligación del Estado a través de su fuerza policial y militar de restablecer el orden roto. Lo que ocurra en estos días no es originariamente culpa de Conaf ni del Estado chileno, sino en primer lugar de quienes violaron la ley por la cual nos regimos todos los habitantes de este país. La transvaloración consiste en invertir los valores y catalogar de “buenos” a quienes violentamente en una democracia rompen el orden público y de “malos” a quienes tienen el deber constitucional de restablecerlo. Violencia es estar en posesión de armas ilegales, violencia es usurpar áreas silvestres protegidas, violencia es amenazar a las fuerzas de orden, violencia es imponer que unos tienen más derechos que otros, violencia es echarle la culpa a quien responde ante la violencia y no a quien la genera.

El Estado, según la definición del sociólogo alemán Max Weber, es una “comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio dado (Política como vocación, 1918). Según Hobbes, lo que da origen al pacto social es la necesidad de protegernos, tanto de amenazas internas como externas. La principal tarea del Estado es velar por la seguridad de sus habitantes. Los ciudadanos renunciamos a usar nuestra propia fuerza para resolver conflictos a cambio de un Estado que nos proteja. El Estado no solo tiene el monopolio de la fuerza, sino que tiene el deber de usar dicha fuerza para protegernos. Las fuerzas de orden tienen el deber de restablecer el orden en la Reserva, expulsando a los usurpadores. Para ello, deben privilegiar las vías pacíficas, pero de no ser estas eficaces tienen la obligación de usar la fuerza que la Constitución y las leyes le conceden. En el caso de que los usurpadores se nieguen al desalojo de forma violenta, las policías tienen el legítimo derecho de hacer uso de la fuerza y cumplir con su misión.

Esta usurpación violenta de la Reserva Malleco no tiene ninguna relación con la causa del pueblo mapuche. En democracia, la violencia no es una vía legítima para empujar causas políticas. Los violentistas usurpadores no representan al pueblo mapuche, que en su gran mayoría es pacífico. Estos grupos utilizan y lucran con la causa mapuche para sus propios intereses particulares. Nuestra democracia y sus principios fundamentales están en riesgo si nuestro Estado es incapaz de velar por el estado de derecho y la violencia se establece como mecanismo legítimo de negociación política.

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