Vandalismo en el Instituto Nacional

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Incidentes en el Instituto Nacional.


El cuadro de extrema violencia que se ha apoderado por estos días del Instituto Nacional ha generado indignadas reacciones, ante lo que aparece como una situación totalmente fuera de control. Se ha llegado al extremo de provocar incendios mediante bombas molotov que han destruido parte de las instalaciones; incluso un grupo de encapuchados buscó atentar en contra de la propia oficina de la rectora, encontrándose ella en su interior, quien se vio en la necesidad de solicitar auxilio. Los desmanes también se han trasladado fuera del recinto, con estudiantes protagonizando bochornosas asonadas a estaciones del Metro -sobrepasando los torniquetes de pago-, en protesta por el alza del pasaje en Transantiago, un incremento que en todo caso no se hizo extensivo a la tarifa escolar.

Es malo para el país que el establecimiento con más tradición de la República se socava cada día más, preso del desquiciamiento de grupos que han abandonado la razón y solo buscan destruir ésta y otras instituciones. Aun cuando tanto la Municipalidad de Santiago así como la Intendencia han buscado por todos los medios frenar esta escalada de violencia, ninguna medida parece haber sido efectiva; peor aún, el vandalismo va en aumento y ya no parece encontrar límites. Parece haber llegado la hora en que el país debe urgentemente cerrar filas y trazar una línea infranqueable entre lo que es la legítima protesta -un derecho que por lo demás está garantizado en la Constitución- de aquella violencia destructiva, que debe ser combatida sin complejos con todas las herramientas que permite el estado de derecho.

La libertad de expresión nunca puede confundirse con la violencia; por esencia ambas resultan antagónicas, ya que el derecho a dar opiniones y manifestarse descansa en la noción de que las inevitables diferencias que surgen en la sociedad se procesarán por vías pacíficas y en el marco de la ley, jamás recurriendo a la agresión. Es preocupante que estas nociones de civilidad, inherentes a cualquier sistema democrático, no sean comprendidas por vastos sectores, sobre todo jóvenes.

Esencial para la convivencia resulta que el orden público sea debidamente garantizado por el Estado, pues sin ello el ejercicio de los demás derechos se ve seriamente comprometido. La sociedad debe comprender su importancia, y entregar señales nítidas de su respaldo al quehacer de la autoridad cuando busque restablecer el imperio del derecho. Como ya se ha advertido tantas veces en estas páginas, es un error de proporciones haber permitido que la autoridad de Carabineros se debilite, porque es justamente dicha institución la llamada a resguardar el orden público. En la medida que sus funcionarios sientan que su actuar no está siendo respaldado, se irán inhibiendo de ejercer sus facultades ante el temor de recibir sanciones, lo que despeja el camino para la impunidad del vandalismo.

El gobierno tiene ahora la misión de asegurar que el imperio del derecho sea restituido cuanto antes, y la sociedad debe apoyarlo en esa misión, punto de partida para que el Instituto Nacional comience a superar esta crisis.

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