Vandalismo vs solidaridad: sistema de transporte “bajo ataque”



Por Javier Insulza, director ejecutivo de Fundación Transurbano

Aún no hemos cruzado la primera mitad del primer mes del año y ya nos encontramos con la dramática noticia de tener siete buses del Sistema Red que han sufrido atentados incendiarios y todo parece indicar que los delincuentes que han perpetrado estos atentados no tendrán castigo alguno.

Al respecto se pueden decir varias cosas. Lo primero y más importante es el impacto social. Cuando se ataca a una máquina del Sistema Red se está atentando directamente en contra de todos los chilenos, aquellos que usan el transporte público para llegar a sus lugares de trabajo. El daño directo es a ellos, que se ven perjudicados en su derecho a trasladarse de forma segura y tranquila.

Un segundo punto evidente es la pérdida de buses que a su vez impactará a la inversión y ambas en conjunto harán perder calidad en el servicio. La máquina que ha sido quemada se demorará varios meses en ser reincorporada al sistema (si es que ello ocurre) causando un impacto inmediato al transporte urbano en su totalidad y obligará a redestinar recursos para solucionar el inconveniente o encarecerá los seguros. Todo ello impactará en el valor a los usuarios finales, es decir, una vez más quien se verá perjudicado es el cliente final del servicio.

Es decir, ¿quién paga finalmente este delito? Sí, “adivinó”: la ciudadanía en su conjunto, ello, por cuanto el daño a los buses es al conjunto del sistema de transportes que conlleva pérdidas, cobros y retrasos, que terminan siendo pagados tarde o temprano por los usuarios que resienten lo ocurrido y a todos los chilenos, vía los impuestos que se requieren para apoyar el sistema.

La normalización de sucesos tan graves como son la pérdida de buses, paraderos y material mobiliario como consecuencia de actos vandálicos pasan a ser una pérdida del sentido colectivo de los bienes comunes y de la solidaridad que contiene en su esencia el transporte público, que es un servicio usados por muchos que requieren moverse por distintos motivos en forma directa, segura y puntual.

Suele decirse que un bien que es de todos al fin es de nadie; el desafío es cambiar ese paradigma y retornar a una acción donde exista una apropiación de los espacios públicos, con los derechos que eso significa, pero también con sus obligaciones. Quien atenta contra lo que es de todos deberá recibir la sanción que representa esta agresión. Por ello, la educación es la piedra angular para reconocer como propio, y así cuidarlo, aquellos bienes y servicios públicos que a todos nos sirve.

Ahí está planteado el problema, o al menos una parte de él; pero ¿cuáles serían las soluciones? Naturalmente la mejor medida sería evitar que ocurriesen este tipo de delitos, pero si asumimos que ello es parte de un problema social más profundo y que estamos abocados en esta columna a lo referido a los atentados y las mejoras en el transporte público, podemos plantear varias propuestas que pueden ser atendidas.

La solidaridad no es solo la participación en colectas, bingos o apoyos a alguna fundación de beneficencia, sino que también la acción recurrente y anónima que apunta al cuidado de los otros y de los bienes comunes. Cada vez que un bus tiene la posibilidad de llevar a personas en silla de ruedas, ese es un logro de integración y solidaridad social, cuando en forma espontánea las personas ayudan a otras a subir o bajar de bus, existe la acción solidaria. El uso de la mascarilla es otro gesto de cuidado propio y con el otro.

Es necesario que el conjunto de quienes forman parte del sistema y se están viendo afectados deben ser parte de una solución común, es decir, se requiere un buen diagnóstico que incorpore a todos los involucrados y responda las preguntas: ¿dónde se concentra el problema? y ¿cuál está siendo el daño económico?

Con ello, se podría también generar una propuesta colectiva público-privada para atacar la situación que afecta al transporte público de Santiago. La invitación concreta es a poner la primera piedra de una alianza público–privada que se preocupe con fuerza de la seguridad en el transporte público. ¿Quién se suma?

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