Violación a los DD.HH. en Venezuela

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU -que dirige la expresidenta Michelle Bachelet- evacuó finalmente su informe sobre la crisis que afecta a Venezuela, cuyas conclusiones son elocuentes en cuanto a las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en el país y sus dramáticas consecuencias en el plano humanitario, social y político. El documento es el resultado de la visita que Bachelet recientemente efectuó a dicho país, donde tras sostener diversas entrevistas con representantes del gobierno y la oposición pudo constatar de primera mano las dimensiones de esta catástrofe.

El reporte da cuenta, entre otras graves irregularidades, de la militarización constante de las instituciones del Estado. A civiles y militares se atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y sus familias, violencia sexual y de género perpetradas durante los períodos de detención, y uso excesivo de la fuerza. Se documentó que de los 66 fallecidos en las protestas entre enero y mayo de este año, 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del régimen o a los "colectivos", grupos paramilitares progubernamentales. Las ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad han cobrado la vida de casi siete mil personas entre 2018 y mayo de este año, no descartándose que la cifra pudiera ser mayor.

El informe documenta que hay más de 790 presos políticos, la libertad de expresión se ha visto seriamente resentida -se acusa que el gobierno ha tratado de instaurar una "hegemonía comunicacional"- y la escasez de alimentos y sus precios cada vez más elevados han incrementado los índices de desnutrición, en tanto que califica como "terrible" la situación sanitaria del país, a raíz de la falta de personal, medicamentos y energía en los hospitales.

A la luz de estos antecedentes, ya no puede caber ninguna duda de que el régimen de Nicolás Maduro, además de haber derivado en una dictadura, está causando uno de los peores padecimientos en materia de derechos humanos que hoy se puedan documentar a nivel global, lo que hace incomprensible el apoyo que fuerzas como el Partido Comunista chileno le siguen brindando.

Naciones Unidas tiene ahora la responsabilidad de actuar en consecuencia y activar una batería de sanciones que pongan fin a esta ominosa crisis y sus principales responsables respondan por sus crímenes ante las instancias internacionales.

El Alto Comisionado ya había evacuado a lo menos dos informes muy severos en relación con la crisis venezolana -el último de ellos data de junio de 2018, cuyas conclusiones son muy similares al actual-, pero sin embargo la ONU se mantuvo indiferente. Su Secretaría General tiene ahora la obligación de demostrar que estos nuevos antecedentes no caerán en el vacío, y que esta materia será elevada hasta el Consejo de Seguridad, a pesar del previsible rechazo de Rusia y China, aliados incondicionales del chavismo. Estas trabas no deberían ser impedimento para que la Alta Comisionada presente los antecedentes ante la Corte Penal Internacional, sumándose a la acción que ya han presentado varios gobiernos de América Latina, incluido Chile.