Violaciones a derechos humanos


SEÑOR DIRECTOR

Desde el 18 de octubre de 2019, se vivieron en Chile situaciones graves, incluyendo serias violaciones a los Derechos Humanos, que pusieron a prueba a todas las instituciones. Abrimos fracturas profundas, algunas de las cuales están lejos de sanar y arriesgan quedar sin justicia ni reparación. En ese marco debe entenderse el rol que cumple el sistema de administración de justicia y especialmente el Ministerio Público.

Es evidente que ningún sistema de justicia criminal podría esclarecer todos los delitos cometidos durante y después del estallido social. La investigación criminal de cualquier caso tiene dificultades inherentes e ineludibles, propias de las limitaciones del ser humano para reconstruir hechos del pasado. No obstante, igual de clara es la obligación del Estado de proveer de manera oportuna todos los recursos necesarios para que se pueda investigar, adoptando diversas medidas que van más allá del cumplimiento formal.

La pandemia que aún enfrentamos ha producido mayores dificultades. Sin embargo, se esperaba que la Fiscalía Nacional tomara medidas especiales y concretas para que el Ministerio Público pudiera enfrentar la situación excepcional; en fin, que elaborara, liderara y supervisara una política de persecución para maximizar las posibilidades de esclarecimiento, además de solicitar reiteradamente al Estado los recursos para ello.

En contraste, hoy vemos cuatro condenas por violaciones a derechos humanos por agentes del Estado, casos que son la excepción ante la magnitud de lo ocurrido. Queda una importante deuda para avanzar no solo en la responsabilidad administrativa de los altos mandos, sino también las eventuales responsabilidades penales que deban investigarse.

Lidia Casas

Directora Centro de Derechos Humanos UDP

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