Violaciones a los Derechos Humanos

Ningún Estado quiere ser acusado de violar los Derechos Humanos, sin embargo, todos pueden ser violadores, incluso las democracias. La diferencia está en que una dictadura niega las violaciones, mientras que una democracia debería asumirlas y repararlas. Pese a esto, los gobiernos democráticos tardan en asumir sus violaciones, utilizando una conducta para minimizar o evitar el etiquetado de ser un Estado violador. Esta conducta se puede entender en varias etapas sucesivas de negación y aceptación.

La primera etapa es la negación de los hechos, cuestionando la veracidad de las víctimas. La segunda es reconocer los hechos como parte de un contexto que justifica las violaciones.

La tercera es aceptar una denuncia, afirmando que un juicio penal tendrá la última palabra. Esto confunde lo penal, enfocada en el perpetrador, con la violación de derechos, enfocada en la víctima, siendo una estrategia de diferir el debate para un futuro y afirmar que son las personas en cargos públicos las que fallan, pero no las instituciones.

La cuarta etapa es aceptar la existencia de una violación, pero como "hecho aislado", dejando así la reparación y responsabilidad como algo acotado y sin cambios estructurales. Esta etapa, que en muchos casos es la última, no basta para comprender la situación de Chile.

La quinta etapa es aceptar patrones de conducta en la violación de derechos, originados por causas como la cultura, entrenamiento o ausencia de control efectivo de agentes estatales. El Estado debe reaccionar con reformas estructurales que aborden las causas y no solo con acciones "aisladas", que son insuficientes.

La sexta etapa se refiere a violaciones masivas y sistemáticas en diferentes niveles, extensión o gravedad. Estas violaciones generalmente son establecidas por instituciones, nacionales o internacionales, diferentes al Ejecutivo, en base a un análisis de varios elementos, como cantidad de abusos, tiempo, entidad y planificación o deliberación. La respuesta del Estado ante estos hechos es utilizar fuertemente la justicia de transición: justicia, verdad, reparación y no repetición.

El avance en cada etapa es arduo y difícil, impulsado por el trabajo e información de sociedad civil e instituciones independientes, como el INDH, Ministerio Público o Poder Judicial.

La situación que nos afecta y la consiguiente reacción del Gobierno ha variado, pero con toda la información disponible, no se puede negar que sí han ocurrido violaciones de derechos. Es más, lo que está en discusión es si nos movemos a una quinta o sexta etapa.

¿Estarán todas las instituciones a la altura de la situación? Esperemos que sí, aunque continúan las dudas, negaciones y relativización. El rumbo de nuestro país está en juego y no es aceptable negar ni buscar contextos para las violaciones, es el momento de aceptarlas y decididamente prevenirlas y reparar a las víctimas. Eso es lo que se espera de un Estado de Derecho.

[1] Branislav Marelic Rokov, Abogado. Miembro de Corporación Fundamental @branislavm