Votación clave sobre retiro de fondos de AFP

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma constitucional para establecer un mecanismo transitorio de retiro de fondos previsionales, cuando se den situaciones de catástrofe que lleven a un estado de excepción constitucional, que ahora deberá ser discutido en Sala.

En alguno de los proyectos refundidos en la iniciativa de reforma constitucional se postulaba que la reposición de los recursos que los afiliados podrían extraer de sus cuentas sería hecha por el Estado, para lo cual éste emitiría bonos de reconocimiento que devengarían 4% anual, y que se cancelarían al momento de la jubilación del afiliado. Esto sería irracional, dado que el Estado podría endeudarse hoy a tasas muy cercanas a cero para restituir de inmediato los recursos en las cuentas de los afiliados. Pero si el Estado optase por endeudarse en el mercado a tasas menores para financiar los traspasos deseados a titulares de cuentas previsionales -lo que, desde luego, haría innecesario el retiro de fondos previsionales- cabría rechazar, desde una perspectiva progresista, que el Estado se endeude para entregar a personas relativamente más acomodadas recursos en exceso de lo que ha sido capaz de otorgar a los sectores más necesitados del país.

Cuando, atendiendo objeciones como las anteriores, se propone que sean los mismos afiliados quienes restituyen los fondos en sus cuentas individuales, se ignora que ese sería un “autofinanciamiento” de altísimo costo, al sacrificar el retorno presumiblemente elevado que, tras la superación de la actual crisis, habrían obtenido esos recursos de haber permanecido en las cuentas.

Ciertamente, desde la técnica financiera y desde la perspectiva de la ética distributiva hay mejores mecanismos para apoyar a la clase media que el retiro transitorio de fondos previsionales. Lo distintivo de recurrir a estos fondos es el quebrantamiento de una institución que, mientras esté constitucionalmente resguardada de extracciones, permite asegurar que el costo de financiar la masa de pensiones no va a recaer por completo en el Estado. Vulnerar la destinación exclusiva del ahorro previsional cambia la categoría de deudor del Estado chileno, más que por los montos asociados a una primera extracción, por dar inicio a la subordinación de los intereses permanentes del Estado a pulsiones políticas o económicas de corto plazo. Evidentemente, un cambio como éste haría muy difícil la generación de la confianza que requiere la recuperación económica del país tras esta crisis, en el corto plazo. En el largo plazo afectaría la solvencia estatal y el nivel de las pensiones sustentables.

La aprobación del proyecto requiere de tres quintos de los votos, lo que excede las fuerzas de la oposición en la Cámara. A pesar por los intentos de ordenar a las filas oficialistas, no se descarta que algunos parlamentarios de gobierno terminen dando su apoyo. De ocurrir representaría un debilitamiento institucional capaz de limitar en forma muy profunda la restante gestión del Ejecutivo y las posibilidades de recuperación de nuestra economía de una crisis económica que hoy se profundiza. Si el solo objetivo es apoyar a la clase media, sin vulnerar principios distributivos básicos, hay mecanismos más eficientes.