Precarización laboral en cuarentena: cuando cuidarse es un privilegio

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A la angustia de estar viviendo una pandemia que diariamente engrosa la lista de muertos e infectados, para muchos se suma la incertidumbre económica en un escenario de crisis donde la población más golpeada es también la más pobre. Aquella que mantiene trabajos informales y que es prueba que, lamentablemente, el derecho a cuidarse no es efectivo para todos.




En un país donde cerca de un 40% de la fuerza de trabajo se desempeña de manera informal, es decir sin contrato o honorarios, la frase de resignada "al final hay que ir a trabajar igual" adquiere el peso de una sentencia. Porque la crisis sanitaria parece ser caldo de cultivo para la precarización laboral. El temor a perder el ingreso de ese sueldo y la certeza de posibles represalias, dejaron claro que el sentido llamado a cuidarse que se eleva en el mundo entero, para muchos sigue siendo un lujo.

Durante estas últimas semanas, palabras como teletrabajo se integraron al vocabulario cotidiano y las redes sociales se saturaron de actividades para realizar en cuarentena. El proceso de aislamiento, que ha ido creciendo de forma paulatina, contrasta con la realidad de miles de personas que siguen aglomerándose cada madrugada en el transporte público para atravesar varias comunas y trasladarse a sus lugares de trabajo.

Las protestas desde el mundo laboral crecieron el pasado 26 de marzo, tras un decreto de la Dirección del Trabajo que dada la situación actual explicita, entre otras cosas, que las dos partes del contrato pueden dejar de cumplir con sus obligaciones mientras dure la emergencia sanitaria. Esto se traduce en la posibilidad, por un lado, de no asistir al trabajo, pero por otro libera a los empleadores de seguir pagándole el sueldo a sus trabajadores.

"El 50% de la población gana 400 mil pesos o menos", explica Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, agregando que en esa situación "no se pueden tomar medidas de autocuidado y de cuidado colectivo, principalmente porque es un escenario de precarización donde el sueldo o empleo están en riesgo".

Abuso en casa particular

Actualmente la realidad de las trabajadoras que se desempeñan haciendo tareas de aseo y cuidado doméstico en casas particulares es crítica. Sin ir muy lejos, en Brasil la primera muerte fue la de una mujer de 63 años, a quien su jefa no le avisó que tenía coronavirus contagiándola rápidamente.

La trabajadora murió en un hospital público de Rio de Janeiro, sin enterarse de que había dado positivo en el examen y generando debate en todo el mundo sobre la ética de las y los empleadores y las escasas medidas para proteger a este rubro, que en Chile emplea a cerca de 300 mil mujeres, más de la mitad de ellas sobre los 45 años.

María Cotal es presidenta de la Federación del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular en Chile (Sintracap), organización que desde que se agudizó la crisis sanitaria, se ha dedicado a denunciar las malas condiciones laborales que están viviendo algunas de sus compañeras. "Como trabajadoras de casa particular estamos muy expuestas, ya que sí somos nosotras las contagiadas los empleadores no van a tener problema en despedirnos", dice. Desde la organización, denuncian que han recibido casos de mujeres que tras 30 años de trabajo fueron desvinculadas por teléfono. Muchas, no pueden hacer nada. Pese a que la ley establece la obligación de que exista un contrato escrito en este tipo de relaciones laborales, el 54,8% de las trabajadoras de casa particular lo hace de manera informal, según Fundación Sol.

En medio de un contexto hostil, las trabajadoras del Sintacrap buscaron la forma de cuidarse entre ellas. "Tomamos algunas medidas, como adquirir insumos de primeros auxilios, mascarillas, cloro y alcohol gel. Además, definimos nuestra sede Regional Metropolitana como albergue en el caso de que nuestras asociadas se enfermen y no puedan permanecer en su lugar de trabajo o regresar a sus hogares, porque la mayoría son de regiones", dice María.

Desde el sindicato están en conversaciones con distintas autoridades para buscar apoyo. Uno de esos avances es el Proyecto de Ley "Cuida a quien te cuida", presentado por las diputadas Maite Orsini y Claudia Mix. Este busca, entre otras cosas, que en alertas sanitarias provocadas por pandemias o epidemias las trabajadoras puedan suspender sus funciones manteniendo sus ingresos y que en el caso de no contar con un hogar donde realizar la cuarentena, las trabajadoras puertas adentro que así lo deseen permanezcan en su lugar de trabajo.

El llamado del Sintacrap, tanto a través de los medios de comunicación como de sus redes sociales, es a que las y los empleadores sean conscientes, permitiendo que las trabajadoras permanezcan a salvo en sus hogares mientras dure la crisis, especialmente en las comunas donde ya se decretó la cuarentena. Por otro lado, exigen que las autoridades tomen medidas para proteger a este grupo que actualmente se encuentra sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria que deja en evidencia la desigualdad.

Vulnerabilidad a domicilio

En estos días, las empresas que trabajan con envíos a domicilio a través de aplicaciones han aumentado sus ventas. Sin embargo, también han crecido las alarmas a la hora de plantearse la seguridad de quienes figuran como "socio conductor" para las apps, pero que son ante todo, trabajadores informales que no tienen un vínculo laboral comprobable y carecen de cualquier tipo de protección, ni siquiera ante accidentes. A esto, ahora se suma el abandono que acusan trabajadores durante la crisis.

"La palabra precarización está llegando a su máxima expresión", afirma Jaime, quien hace más de tres años trabaja simultáneamente en varias aplicaciones, incluyendo las más populares, y prefiere por seguridad no aparecer con su apellido. "Nadie nos cubre ahora ni nos va a cubrir si alguno cae enfermo". En las primeras dos semanas declarada la crisis sanitaria, aun no existían medidas desde las diferentes plataformas de delivery para proteger a los trabajadores, relata el repartidor. Por iniciativa propia, cuando trabaja se cubre la cara con distintas bandanas de tela y usa alcohol gel permanentemente. También se las lava cuando tiene la oportunidad.

Pese a que en los primeros días de la crisis algunas aplicaciones enviaron correos a sus usuarios garantizando la seguridad en el reparto y ofreciendo opciones de entrega con distancia, recién el 25 de marzo Jaime recibió por parte de una de las aplicaciones en las que está registrado un frasco de alcohol gel de 150CC, tres pares de guantes quirúrgicos y una mascarilla de género. No le comunicaron si la medida se va a volver a repetir, pero espera que las empresas se hagan responsables.

Iniciado el periodo de cuarentena en siete comunas de Santiago, donde el servicio de delivery es considerado de primera necesidad, Jaime cuenta que uno de los problemas a los que se enfrentan es la aglomeración en los lugares más inesperados. El último viernes de marzo se sorprendió al encontrarse con una multitud de repartidores afuera de una tienda de chocolates holandeses en el sector oriente. Los trabajadores no contaban con medidas para protegerse. Tampoco el local, que no estaba habilitado para entregar una espera segura.

Garantías y el peligro detrás de las medidas a consciencia

Al comunicar las medidas, las autoridades han sido enfáticas en hacer llamados a conciencia, afirmando que las decisiones deben ser un acuerdo entre quienes trabajan y sus empleadores. Para Andrea Sato, esto no resulta aplicable a la realidad local. "El derecho laboral nace para regular relaciones que se originan asimétricamente", afirma, estableciendo que, en el contexto actual, es muy difícil que el trabajador o trabajadora no esté en una posición de desventaja.

"Es importante que el Estado pueda garantizar la vida de las personas", afirma, aclarando que eso incluye, por supuesto, la protección de quienes no tienen relaciones laborales formales, como es el caso de gran parte de las trabajadoras de casa particular y el grueso de los trabajadores de aplicaciones. Para eso, desde Fundación Sol creen que es necesario que exista un ingreso mínimo por hogar, que alcance para vivir teniendo en cuenta criterios como la línea de la pobreza vigente en Chile. Además, sugieren que, siguiendo la línea de países como Francia, deberían congelarse las tarifas de agua, luz y otros gastos asociados al bienestar social durante la pandemia.

Si bien Andrea considera que las medidas de protección laborales no deben ser decisiones a las que se llegue por acuerdo entre las partes, indica algunas medidas básicas que se pueden aplicar en el contexto actual, entre las que se ¡encuentra la aplicación de teletrabajo, siempre que sea posible, y la mantención del salario para quienes debido a la crisis no puedan asistir a sus trabajos.

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