En el Liceo Industrial Benjamín Franklin de Quinta Normal, las alarmas se encendieron la mañana del 28 de marzo. Fue un video difundido por redes sociales el que alertó a la comunidad escolar de una amenaza que, hasta hace poco, a muchos les parecía lejana, como algo que sólo se veía en países del hemisferio norte: un tiroteo masivo al interior del recinto, con armas de fuego. Luego de conocerse los hechos, las clases se suspendieron de forma indefinida por la Municipalidad de Quinta Normal para que las y los directivos y profesores trabajaran en estrategias contra la violencia y en propuestas para restablecer el clima de convivencia.

Otro de los episodios más mediáticos de este retorno a clases, que también da cuenta de este fenómeno, fue el ocurrido en el Liceo José Victorino Lastarria de Providencia. Mediante un chat grupal de Instagram, alumnos de 3º y 4º medio habrían estado organizando una agresión sexual en grupo -al estilo de “La Manada”- en contra de alumnas de otros establecimientos de la Región Metropolitana.

Después de dos años de cuarentena por la pandemia del COVID-19, el regreso a clases presenciales ha estado lejos de ser miel sobre hojuelas. En Talcahuano, un profesor fue apuñalado por la espalda. En Talca, un estudiante resultó con heridas cortopunzantes después de una protesta. Así, la lista es larga. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Educación, el 30% de las denuncias recibidas -hasta ahora- corresponden a casos de violencia escolar. De ellas, la mayoría responde a casos de maltrato físico y psicológico entre alumnos, un ítem que aumentó un 22% en relación a los años previos a la pandemia -2018 y 2019-.

“Esto es claramente un número superior al que se había presentado años anteriores. Lo que nosotros tenemos, al menos como una tesis importante en el inicio, es que la vuelta abrupta a la presencialidad durante 8 horas, jornada escolar completa, provocó un estallido de violencia, dado que hubo dos años permanentes en que los niños no estuvieron vinculados comunitariamente”, dijo el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila en un encuentro público.

El perder esa posibilidad de socializar y conectarse entre pares -sobre todo en edades claves del desarrollo- ha sido uno de los principales factores de la irrupción de la violencia en estos primeros días de clases. Así lo cree Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020: “Los niños y jóvenes han estado aislados por dos años y no han tenido la posibilidad de poner en práctica las habilidades socioemocionales, propias de la vida con otros: aprender a regular la conducta, respetar turnos, reconocer emociones, practicar la empatía. Eso ha estado en pausa. O sea, profesores de niños más pequeños nos han contado que han retrocedido, incluso, en habilidades de autonomía o control de esfínter. Eso por un lado. Además, los niños y jóvenes no solo han estado aislados, sino que, en muchos casos, han estado en un contexto de alta tensión, de estrés y preocupación. Todo esto impacta en la salud mental, generando que anden más preocupados, angustiados y eso genera violencia”.

El doctor en Psicología Educacional y académico de la Pontificia Universidad Católica, Christian Berger, tiene una teoría similar, aunque apunta a un problema aún más sistémico. “Estamos volviendo a un espacio presencial para el cual los adolescentes no están preparados porque todos, incluso los adultos, estamos un poco desregulados, tratando de establecer nuevas rutinas y formas de relacionarnos”, dice y agrega: “Hay que entender que estos casos se dan en un escenario de menor regulación. Cuando estás en un contexto con normas más claras, y dentro del sistema todo el año, la posibilidad de estos episodios extremos es más baja. Pero ahora, como estamos descontextualizados, esas reglas no están tan claras. A eso se suma que tenemos estudiantes que salieron del colegio en 2019 con 11 años, y ahora vuelven con 13 años. Es decir, retornan con una dinámica interpersonal diferente, con temas distintos, pero sin el desarrollo de normas y formas de convivencia de esos dos años”.

En febrero de 2022, el Ministerio de Educación publicó el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para Establecimientos Educacionales. Un documento que entrega directrices para iniciar el funcionamiento de clases y actividades presenciales en colegios y que establece el retorno de la jornada escolar completa para este año. Una medida que en su minuto fue rechazada por el Colegio de Profesores y Profesoras porque, entre otras razones, explica su presidente Carlos Díaz; significa un cambio radical en las rutinas de niños, niñas y jóvenes que podrían generar roces en la convivencia escolar.

“Indudablemente, esto se pudo haber previsto y no era necesario volver a esta presencialidad en estas condiciones. Nosotros creíamos en un retorno paulatino, que permitiera preparar psico-emocionalmente a los estudiantes, pero tuvimos una respuesta negativa del ministro anterior”, dice Díaz y agrega: “Esta es la punta del iceberg de una situación generalizada del sistema educativo porque son problemáticas que se han arrastrado hace años. Tenemos un sistema educativo enfermo, que no pone el foco en la educación integral para los y las estudiantes. Ese es el problema de fondo. Cuando se suprimen las horas de filosofía, de educación física, o de arte, se generan estos problemas. Creemos que hay que dar espacio a la reflexión, al deporte, al arte, al encuentro y la convivencia, porque hoy todo se centra en pruebas estandarizadas que ven a los niños y niñas como máquinas”.

Así, este estallido de violencia escolar no se trata de algo completamente nuevo -aunque sí lo es en su forma y contexto-. De hecho, en el tiempo de la pandemia, muchas de esas agresiones simplemente se trasladaron de espacio hacia las plataformas digitales. Por ejemplo, en 2020, 26 de cada 100 denuncias de maltrato entre alumnos correspondían a ciberacoso. En 2019, ese número solo alcanzaba las 14, según datos de la Superintendencia de Educación. “Muchas veces, esa violencia y acoso online fue difícil de visibilizar en la pandemia. O sea, pasaba que los alumnos no querían prender las cámaras del computador y eso era justamente por miedo al bullying. Eso era difícil de pesquisar. Ahora, con el retorno a lo presencial, se destapó la olla y tenemos que hacernos cargo como sistema educativo. Esta es una oportunidad para cambiar el foco y pensar cómo y por qué queremos volver”, dice Alejandra Arratia.

El re-conocerse en esta nueva realidad post pandemia y generar nuevos patrones de convivencia escolar es parte de los desafíos que hoy tienen las diversas comunidades escolares. Para eso, desde el Ministerio de Educación se está impulsando un plan para abordar la violencia, en un trabajo que se está realizando en conjunto a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y el Colegio de Profesores. La idea es entregar protocolos y orientación para actuar frente a estos hechos, además de recursos para implementar programas de convivencia escolar. “Es clave generar un plan nacional de convivencia que considere el nuevo contexto provocado por la pandemia. Además, es relevante contar con campañas que hablen de la necesidad de una convivencia pacífica y sana al interior de las escuelas. Hay que avanzar con eso, pero también urge que el Mineduc demuestre su preocupación por el tema y entregue caminos para una solución porque hoy las escuelas están en absoluto abandono”, sostiene Carlos Díaz.

A eso, -dice Díaz- es clave agregar espacios de reflexión al interior de las escuelas. Algo que también cree fundamental Christian Berger: “Tenemos que sentarnos a conversar simbólicamente para ver cómo queremos que sea la convivencia. Nadie va a querer violencia, pero si no tenemos mecanismos de regulación, probablemente va a aparecer. Por eso, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar, en qué ejes y cuáles van a ser los límites”