Informe de comisión investigadora apunta a responsabilidades de altos mandos de Carabineros en irregularidades de mutuales

Comisión Mutualidades
La comisión investigadora de mutualidades en una de sus sesiones, a la cual asistió el Comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva.

El documento afirma además que, en el caso del Ejército, existirían "indicios de participación" del excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta en irregularidades vinculadas a una mutual. Sin embargo, el también exsubsecretario de Defensa rechaza las conclusiones y asegura que las denuncias no corresponden al período en que él estuvo al mando. "Es el afán ya obsesivo de involucrarme en algo que no tengo nada que ver", señala.


"El trabajo investigativo realizado por esta Comisión tuvo dificultades evidentes para avanzar por recaer en áreas de la gestión financiera y administrativa de Carabineros de Chile donde existe una carencia de información completa y fidedigna y, en el caso de las Mutualidades, tratarse de entidades privadas donde esta Comisión carece de facultades intrusivas. No obstante ello, se pudo establecer un conocimiento y definiciones importantes en las áreas específicas sometidas a la competencia y mandato de esta Comisión, incluso consiguiendo cambios institucionales concretos y específicos que fortalecen la probidad administrativa y asignación de responsabilidad específica".

Esos son los primeros párrafos -a modo de conclusión-, del informe final de la Comisión Investigadora sobre Operación de mutuales vinculadas a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad e irregularidades en su fiscalización que preside el diputado socialista Leonardo Soto e integran otros 12 legisladores.

"Los integrantes de la Comisión estiman necesario realizar la prevención de que las irregularidades indagadas se sitúan en torno a la gestión y decisiones de los altos mandos de la institución y que no puede colocarse en tela de juicio el trabajo honesto y sacrificado que realizan a diario miles de hombres y mujeres de Carabineros de Chile en cada comuna y localidad de nuestro país", agrega el documento.

Los términos finales del texto de 18 páginas, que recoge el trabajo de más de cinco meses de trabajo  de la comisión, fueron debatidos extensamente por los integrantes de la instancia esta semana en el Congreso para llegar a un informe único que deberá ser votado por la Sala de la Cámara de Diputados próximamente. 

El texto, al que tuvo acceso La Tercera, establece que "durante el trabajo de de la Comisión Investigadora, se comprobaron irregularidades graves en el control y supervisión patrimonial y contable de las instituciones, particularmente de la Dirección de Bienestar de Carabineros. Dichas irregularidades, detectadas por la Contraloría General de la República y ratificadas por las autoridades de Carabineros que asistieron a las sesiones de la Comisión, se traducen en que la División de Bienestar de Carabineros (Dibicar) no ha tenido ni tiene aún registros contables completos, fidedignos y confiables donde se contenga, por ejemplo, el detalle de la deuda millonaria que mantiene con la Mutualidad de Carabineros (MUTUCAR)".

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El diputado Leonardo Soto (PS), presidente de la instancia, en una de las sesiones. Foto: Agencia Uno.[/caption]

Agrega el documento que bajo las situaciones detectadas "asiste responsabilidad directa para los generales que han estado a cargo de la Dirección de Bienestar de Carabineros durante el periodo 2005 al 2016 y con evidente omisión de sus responsabilidades han contribuido, de alguna u otra forma, al resultado que comprobó la Contraloría General de la República. Los oficiales que estuvieron a cargo en ese período, de acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, son los generales Marcos Tello, Marcia Raimann, Hugo Insulza Daneri, Victor Herrera Pintor y

Manuel Letelier Castillo".

"Vimos la situación anómala que significaba que Comandantes en Jefes y Generales Directores de las FF.AA. y Carabineros, junto con dirigir sus instituciones al mismo tiempo dirigen las mutualidades que son corporaciones privadas que están fuera de la institución. Y en esa administración que ellos hacen, por derecho propio, por los propios estatutos, además recibían una remuneración o retribución de bastantes millones de pesos. Hasta el último día que funcionó la comisión nunca pudimos averiguar, nos fue ocultado, el monto que recibieron los generales directores y los Comandantes en Jefe", dice a La Tercera el diputado Soto.

Mutuales del Ejército

En lo que respecta a las irregularidades en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) de la IV División del Ejército en Aysén, el documento establece que gracias a una investigación que desarrolló la Contraloría se lograron detectar una serie de irregularidades. Por ejemplo, se acreditó que tras la quiebra de este fondo se llevaron a cabo medidas "para poder resarcir a los funcionarios que "perdieron" sus aporte en este FAM" se realizaron contratos a honorarios, cuyos servicios no pudieron acreditarse; así como también se detectó que "se aprobaron comisiones de servicio y el pago de los viáticos respectivos, pero no logró acreditar la realización de las tareas encomendadas".

Se menciona, además, un oficio reservado de 2016 que la Contraloría entregó a la comisión, firmado por el Comandante en Jefe de la IV División de Ejército en el que se dan respuesta a una serie de requerimientos por parte de la máxima autoridad del ente fiscalizador en Aysén. En dicho texto, se señalaba que el 2008 el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta "impartió orientaciones a la Dirección de Personal del Ejército para operacionalizar soluciones que se pudieran aplicar a cada uno de los integrantes, en busca de resarcir en alguna medida los fondos aportados, buscando minimizar el impacto por el cese del FAM".

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El Contralor de la República, Jorge Bermúdez exponiendo ante los integrantes de la comisión investigadora. Foto: Agencia Uno.[/caption]

El informe de los parlamentarios afirma que "nos parece que existirían indicios consistentes con la participación en estas irregularidades, del Comandante en Jefe del Ejército de la época general Oscar Izurieta Ferrer, quien tenía el mando total de la institución y el deber de realizar el control jerárquico de todo el personal de tal manera que se respete estrictamente la legalidad vigente y el principio de probidad administrativa. En este contexto, resultaría vulneratorio con este deber básico constatar en el oficio 1035/488 de fecha 6 de diciembre de 2016 que el señor Izurieta, hubiera tenido conductas que indujeran a sus subalternos a buscar una solución con fondos públicos de los problemas privados del personal uniformado afectado por el término del FAM".

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El Contralor Jorge Bermúdez y el diputado Leonardo Soto, previo a una comisión de la instancia.[/caption]

Añaden que el general Izurieta "hizo llegar a la Comisión una nota en que puntualiza que una vez impuesto in situ de la situación que afectaba al FAM, y habiéndose comprometido a que "el Ejército vería formas de apoyarlos, con estricto apego a la legalidad y reglamentación vigente", conformó en Santiago un equipo multidisciplinario que realizó un arduo trabajo, el cual concluyó en cuatro medidas dentro de las facultades legales y reglamentarias".

En relación a este caso en particular, la comisión cierra la parte de responsabilidades, indicando que "hoy esta materia está sometida a una investigación judicial (además de la administrativa de la Contraloría General de la República y de la justicia militar que deberá resolver sobre las responsabilidades legales que a cada funcionario interveniente en estos hechos les pudiera corresponder".

Izurieta: "No tengo responsabilidad alguna"

Consultado al respecto, el general (R) Izurieta -quien fue subsecretario de Defensa entre 2010 y 2014- señaló a La Tercera que "no he leído el informe, pero por lo que me dice, quiero dejar en claro que los antecedentes que tuvo a la vista la comisión es el informe de las Contraloría General de la República, y ese informe se refiere a una auditoría practicada a la IV División de Ejército el 2015 y 2016 donde se detectan irregularidades. Yo dejé el mando del Ejército, el 9 de marzo de 2010, por lo que no tengo responsabilidad alguna de lo que haya ocurrido posteriormente".

"Ahora, referente a algún indicio, hay un oficio del comandante de la IV División del año 2016, en que él, no me explico por qué, dice que esto vendría desde orientaciones que dio el comandante en Jefe del el año 2008, vale decir, yo. Pero, a reglón seguido, inmediatamente, el informe de la Contraloría dice que, sin embargo, por oficio, el comando de personal de ese mismo 2016, dice no tener ningún documento que avale lo anterior. O sea, es súper claro, aquí es el afán ya obsesivo de involucrarme en algo que no tengo nada que ver. Por lo demás, hay un proceso en la fiscalía regional y ese es el único que podrá determinar quién tiene responsabilidades o no. Aquí se está especulando con un informe de la Contraloría", agrega Izurieta.

El excomandante en jefe también cuestionó a la comisión por no haberlo citado a declarar a la instancia. "Si era así lo que la comisión estimaba a mí me parece lo más lógico que me hubieran citado, pero no me citaron, porque era evidente que se les iba a caer el argumento, ese es el punto de fondo. Yo hubiera ido encantado porque no tengo nada que ocultar, todo lo contrario, yo actúe pensando en la gente que, lamentablemente, fue perjudicada. Actué absolutamente apegado a la ley, entonces la expresión que usted me dice que tendría el informe, me parece absolutamente improcedente", plantea.

Sobre las conclusiones en relación a Izurieta, Soto plantea que "el General Oscar Izurieta contradice la investigación de la Contraloría que da cuenta de este oficio que habría enviado para buscar soluciones en la comandancia de personal mediante decisiones del comandante de personal para resarcir las pérdidas de los funcionarios que habían estado en este FAM. Él lo contradice, señala que no dio ninguna instrucción. Que lo que él hizo fue dar instrucciones de cuatro órdenes de medidas que tienen contenido económico, que tienen contenido de recursos públicos, pero que están adecuadas a la legalidad. Pero si uno analiza esas medidas que él reconoce haber dispuesto, todas ellas están fundadas no en buscar cumplir con el bien o con el interés general de su institución, sino que poner recursos públicos al servicio de los problemas privados de sus funcionarios".

Sugerencias de reformas

Las últimas cinco páginas del informe están destinadas a plasmar las propuestas que la instancia realiza a partir de los hechos investigados y la información recopilada. Siendo una de las sugerencias más importantes "que este sistema de una corporación privada administrada por integrantes del alto mando institucional, para el financiamiento de un seguro colectivo de vida obligatorio financiado por el descuento mensual forzoso que se hace a los funcionarios, ha perdido la justificación que se tuvo en vista en su creación. Hoy carece de legitimidad que un trabajador dependiente deba estar obligado a financiar los riesgos que les produce su empleador".

Por lo que a juicio de los parlamentarios "el Ejecutivo debe presentar un proyecto de ley que mejore estas deficiencias de legitimidad, avanzando en una normativa de carácter voluntario que ofrezca diferentes alternativas de afiliación".

"Compartimos que este es un sistema de mutualidades que tiene varios cuestionamientos y que tiene que ser revisada su existencia. Hoy las mutualidades, tanto de Carabineros como de las FF.AA., son primero que nada compañías de seguros, que son parte de un sistema comercial de seguros, que son fiscalizada por la comisión de mercado financiero. Que tienen un patrimonio financiero, que participan en los mercados de capitales, que administran una cantidad de inmuebles que es gigantesca", señala a La Tercera el diputado Soto.

En las propuestas finales también se insta a que el presidente Piñera cree una Comisión Amplia de ministros "para realizar un rediseño del sistema de mutualidades que mejore los beneficios que se entregan hoy a los usuarios y supere las deficiencias detectadas en el presente informe". 

Finalmente, a raíz de los diversos problemas de fiscalizaciones de las mutuales que fueron detectadas por los parlamentarios se recomienda que "considerando la cantidad de recursos involucrados y el importante número de funcionarios que integran las Mutualidades y las Divisiones de Bienestar de las Fuerzas Armadas y de orden, es que, creemos necesario aumentar la dotación de funcionarios de la Contraloría General de la República y de las instituciones militares y policiales destinado a tareas de control externo e interno de los actos de la estas instituciones de la administración del Estado o que se relacionan con este".

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